Ni Una Menos Chile estuvo presente en Atacama el reciente fin de semana, donde se reunió con las familias de mujeres y niñas desaparecidas, así como con colectivas feministas que han luchado durante años en la región por justicia ante femicidios y desapariciones, destacando casos como los de Thiare Elgueda, Catalina Álvarez y Tanya Aciares.
Durante su visita, la coordinadora de Ni Una Menos, que busca generar alianzas y sensibilizar sobre la desaparición forzada de mujeres y niñas, fue acompañada por Mónica Maureira, experta de Chile en el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), quien regreso a la región tras visitar en marzo.
En una reunión entre el equipo de Ni Una Menos y diversas agrupaciones feministas locales, Maureira compartió información sobre la histórica sentencia de Campo Algodonero contra México, clave en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su enfoque de género. El fallo de enero de 2009 estableció la responsabilidad del Estado mexicano en el caso de femicidios de Laura Berenice Ramos, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera, cuyos cuerpos fueron encontrados en un predio conocido como Campo Algodonero en Ciudad Juárez, junto con otras cinco víctimas.
Recientemente, en mayo de 2025, el Comité de Expertas del MESECVI expresó su preocupación por los casos de desapariciones y femicidios de mujeres en Atacama, mencionando específicamente a Tanya Aciares, Sussy Montalván, Marina Cabrera, Catalina Álvarez y Thiare Elguera. El comité subrayó que, desde la sentencia González y otras vs. México, la Corte ha reafirmado la obligación de los Estados de garantizar la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.
Durante la jornada, Maureira también detalló los estándares de la Convención de Belém do Pará, enfocándose en la Recomendación General N° 2 sobre la desaparición de mujeres y niñas, reconociendo esta situación como una forma de violencia de género que ocurre en contextos estructurales de discriminación. Esto impone a los Estados la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar, así como la necesidad de implementar medidas, como registros únicos y públicos, entre otros.
39 denuncias por desaparición de mujeres en Atacama
Ni Una Menos también llevó a cabo una acción pública en la plaza de Copiapó para recordar lo acontecido el 9 de noviembre de 2018, cuando Erwin Aedo asesinó y ocultó el cuerpo de Paola Alvarado Cortés, hija de Nancy Cortés, miembro de Ni Una Menos, quien participó en la actividad.
Aedo cumple condena, pero no ha revelado el paradero del cuerpo, al igual que el femicida Hugo Pastén, que ha sido condenado a tres cadenas perpetuas y ha guardado silencio sobre el cuerpo de Catalina Álvarez desde junio de 2019. “Según la ley actual, esto no se considera un agravante, es decir, no hay herramientas legales para obligarlo a confesar”, señalaron.
La coordinadora advirtió que “la desaparición forzada de mujeres y niñas por razones de género en un contexto democrático es un problema del pasado y del presente, y lamentablemente podría agravarse si no actuamos frente a estas alarmantes cifras”.
En su comunicado, indicaron que “según información de Carabineros, en 2024 hubo 10.649 denuncias por desaparición de mujeres y niñas; de estas, 8.944 fueron resueltas y 1.705 permanecen abiertas, 39 de ellas en Atacama. Nos preguntamos: ¿Qué ocurre con esos 1.705 casos? En contraste, en 2024 se registraron 50 femicidios, frente a 1.705 mujeres y niñas desaparecidas. Esta diferencia es grotesca y alarmante. ¿Se está tomando en serio este problema en el país?”
El mensaje subrayó que las familias necesitan justicia y garantías de reparación. “No solo carecen de justicia, sino que son revictimizadas al no obtener una respuesta inmediata frente a la desaparición, lo que convierte el duelo en un proceso eterno que afecta a sus vidas y generaciones futuras. Es crucial que la respuesta a las denuncias sea rápida y que exista una coordinación efectiva en la búsqueda.”
En este contexto, enfatizaron que “los responsables de la desaparición forzada de mujeres y niñas no pueden quedar impunes al no estar tipificado como delito.” Exigen que “se utilicen los mismos criterios de DF que se usaron durante la dictadura, dada la gravedad de estos crímenes contra los derechos humanos y su contrariedad a los tratados internacionales que Chile ha ratificado.”
Ni Una Menos también hizo mención especial a las familias que buscan a sus seres queridos: “su persistencia es admirable, nunca se rinden y utilizan todos los recursos a su alcance, a pesar de la desidia de las instituciones de justicia.” Instaron a visibilizar y sensibilizar sobre esta violación a los derechos humanos de mujeres y niñas, que, recalcaron, afecta a toda la sociedad, incluida a las instituciones.
“Creemos que cada vez que una mujer o niña desaparece, es toda la sociedad la que se ve perjudicada; es el tejido humano el que se quiebra, y eso no lo podemos permitir. Por Paola, Thiare, Catalina, Tanya y tantas otras que aún esperan ser encontradas y merecen justicia,” afirmaron las activistas.
Día nacional contra la desaparición forzada de mujeres
Ni Una Menos Chile propuso establecer el 9 de noviembre como el Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Mujeres y Niñas, “ fecha en la que Paola Alvarado desapareció, hija de nuestra compañera Nancy Cortés,” explicó María José Fuentes, representante de la organización. Esta acción busca mostrar que las desapariciones forzadas continúan en democracia, bajo la responsabilidad del Estado de prevenir la violencia.
Asimismo, Fuentes puntualizó en que trabajan en una propuesta legal para tipificar la desaparición forzada en contextos democráticos como un agravante en casos de femicidio. “Es un doble delito que revictimiza a las familias y a la sociedad,” indicó.
La coordinadora busca generar una incidencia jurídica, social y cultural para que la desaparición forzada de mujeres y niñas se reconozca como una forma extrema de violencia patriarcal, que persiste incluso en contextos democráticos. “No son casos aislados o excepcionales, sino prácticas que se mantienen en la impunidad por falta de tipificación penal y abandono sistemático de las familias que buscan a sus hijas, hermanas, madres y compañeras.”
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