Reportaje complementario basado en la investigación de Renato Gallardo, Felipe Rivera, Valentina De Marval y Nicolás Sepúlveda, publicada por Reportea y Vergara 240 (UDP) el 9 de noviembre de 2025.
Por Claudia Molina B. | FACTOS. Política – Elecciones Presidenciales 2025
A tan solo una semana de las elecciones presidenciales en Chile, una investigación periodística ha alterado el panorama político: se ha revelado que la Asociación de AFP habría financiado clandestinamente campañas digitales a través de la fundación Ciudadanos en Acción, dirigida por el controvertido economista Bernardo Fontaine, actual miembro del comando de José Antonio Kast y responsable del diseño de los primeros 100 días de un posible gobierno de Kast.
De acuerdo al reportaje de Reportea y Vergara 240 (UDP), esta operación implicó una inversión de más de $200 millones en publicidad pagada en Meta (Facebook e Instagram) para promover mensajes a favor del sistema previsional y en contra de las reformas propuestas por el gobierno y la oposición.
Sin embargo, lo más alarmante no es solo el financiamiento: una parte de esta estrategia comunicacional también se utilizó para llevar a cabo campañas de desinformación, afectando directamente a figuras como Evelyn Matthei y Jeannette Jara, quienes fueron atacadas por redes de trolls y cuentas falsas.
De la defensa del sistema previsional al marketing político
La investigación vincula a tres actores clave:
- La Asociación de AFP, que provee los fondos.
- Ciudadanos en Acción, la fundación que canaliza y legitima la operación.
- Agencias de comunicación como Artool y Retarget, encargadas de ejecutar las campañas con la colaboración de influencers y contenidos virales.
Como resultado, se estableció una maquinaria de propaganda digital que disfrazó su origen empresarial bajo un discurso “ciudadano”. Las investigaciones indican que el contenido no solo defendía el sistema previsional, sino que también apoyaba claramente la narrativa de Kast, atacando a candidatas rivales mediante insinuaciones y videos manipulados.
Un caso particularmente grave es el del influencer Matías Lorca (“Canal de Mati”), quien difundió información falsa sobre la salud de Matthei. Lorca, antes de eliminar sus redes, admitió haber colaborado con la fundación de Fontaine desde 2024.
Fontaine: el vínculo entre dinero y política
Bernardo Fontaine, economista de derecha y exconvencional, es conocido por su defensa del modelo de AFP. Sin embargo, su función ha trascendido el debate técnico: actualmente actúa como puente entre el poder económico previsional y la estrategia política del Partido Republicano.
Su incorporación al comando de José Antonio Kast en agosto pasado, para diseñar las medidas de los primeros 100 días de gobierno, fue celebrada en redes sociales por el mismo grupo de influencers que hoy está bajo investigación por difamación y delitos informáticos.
Según fuentes de la investigación, las reuniones entre Fontaine, altos ejecutivos de la AAFP y agencias de comunicación se describían como instancias para “hacer maldades”: coordinar mensajes y ataques digitales contra quienes promovieran reformas.
Además, registros de gastos electorales disponibles en Servel y testimonios de Reportea y Vergara 240 indican que Fontaine ha invertido cerca de $45 millones en apoyo directo a la campaña presidencial de José Antonio Kast, a través de asesorías técnicas y difusión digital asociada a Ciudadanos en Acción. Este apoyo se suma a los más de $200 millones que la fundación de Fontaine ha destinado a publicidad política en redes sociales desde 2020, recursos supuestamente provenientes de financiamiento indirecto del gremio de las AFP. Aunque estos montos no figuran como aportes oficiales de campaña, juntos configuran una red de apoyo económico y mediático que habría operado para beneficiar al candidato republicano.
Impacto político: un boomerang para la derecha
La filtración se produce en un momento crítico para la oposición. La derecha chilena enfrenta una fractura simbólica: mientras Kast busca consolidar su liderazgo como representante de una “nueva derecha”, esta revelación lo conecta a una práctica de manipulación política con dinero empresarial.
El golpe más notable recae sobre Evelyn Matthei, la principal víctima de la red de desinformación. Su equipo exige explicaciones, sugiriendo que el silencio de Kast podría interpretarse como tolerancia o complicidad.
En términos electorales, el daño puede ser doble:
- Entre votantes moderados y de clase media, que rechazan las prácticas oscuras y la influencia corporativa.
- Entre la base republicana, que podría ver esta crisis como una amenaza a la narrativa de “honestidad” y “orden moral” que Kast ha cultivado.
Lo que está en juego: ética y transparencia democrática
Más allá del caso concreto, este episodio reabre un debate importante: la falta de regulación sobre el gasto digital y la publicidad política indirecta en Chile.
Si bien Servel supervisa los gastos aprobados por los comandos, no existe un marco que obligue a fundaciones, gremios o empresas a transparentar sus inversiones en campañas temáticas o en influencers políticos.
La Superintendencia de Pensiones deberá esclarecer si los recursos del gremio de las AFP se usaron de manera compatible con su rol institucional, mientras que la Fiscalía investiga posibles delitos informáticos, asociación ilícita y financiamiento irregular.
Si se demuestra que el dinero del sistema previsional se utilizó como propaganda electoral encubierta, el caso podría transformarse en un escándalo institucional de gran magnitud:
Una forma moderna de intervencionismo político empresarial, disfrazada de “opinión ciudadana”.
La democracia frente al espejo digital
La elección de este fin de semana se desarrolla en un clima de frágil confianza pública. El caso Fontaine–AFP plantea una pregunta fundamental:
¿Quién financia realmente la conversación digital que influye en el voto?
En un contexto donde los anuncios segmentados y los microinfluencers moldean percepciones, la opacidad se convierte en manipulación. Cuando el financiamiento proviene de industrias con intereses directos en políticas públicas, el riesgo no es solo ético: representa una amenaza estructural a la independencia democrática.
El desafío para Chile no será solo elegir a un presidente, sino decidir si la política seguirá siendo un espacio público o un campo de operaciones privadas.
Lo que esta investigación revela no es únicamente un mecanismo de financiamiento irregular, sino una distorsión del principio democrático más esencial: el derecho de las personas a decidir informadamente. Cuando los intereses económicos se camuflan como opinión ciudadana y se infiltran en las redes que influyen en el voto, la deliberación pública pierde su libertad y se convierte en un vehículo de manipulación. Como dijo Norberto Bobbio, “la democracia no consiste en que el pueblo elija, sino en que pueda elegir con conocimiento de causa”. Si dicho conocimiento está fundado en desinformación pagada en secreto, el voto deja de ser un reflejo de la voluntad popular y se convierte en la expresión de la voluntad del dinero. Por lo tanto, el reto no es solo sancionar a los responsables, sino restaurar la transparencia como requisito fundamental de la democracia chilena.
Lee la investigación completa en el siguiente enlace:
Con Información de factos.cl
