Casi 11 años en investigación. Miles de páginas. Peritajes, escuchas, audiencias y formalizaciones. Y al final, nada. El caso SQM, que se había proyectado como el gran símbolo de la lucha contra la corrupción político-empresarial en Chile, concluyó el 22 de octubre con la absolución de todos los acusados. Sin una sola jornada de cárcel. Sin condena. Ni siquiera una responsabilidad menor. La única conclusión firme: la Fiscalía no logró demostrar lo que durante casi una década sostuvo con firmeza ante la opinión pública.
El fallo del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago fue contundente. No hubo delito tributario. No hubo falsificación. No hubo fraude. Los argumentos de la acusación fueron desmantelados uno a uno en un juicio que más bien destacó las debilidades estructurales del Ministerio Público y, peor aún, su desconexión con lo que la ciudadanía espera de la justicia.
Sin embargo, más allá del resultado judicial —que debe ser acatado—, queda una pregunta inquietante: ¿quién asume la responsabilidad por este monumental fracaso?
Porque no solo se trató de perseguir, durante años, a un grupo de antiguos funcionarios políticos y ejecutivos con hipótesis que terminaron desechadas. También se derrocharon millones de pesos en recursos públicos. Funcionarios, fiscales, horas hombre, viajes, asesorías, juicios extensos. Todo financiado por el Estado, es decir, por todos nosotros.
¿Quién responde ante los contribuyentes por este uso ineficaz de fondos fiscales? ¿Habrá alguna evaluación interna? ¿Alguien ofrecerá disculpas? ¿O seguiremos como si nada, archivando otro caso emblemático que comenzó con gran cobertura mediática y terminó en silencio, como ha sucedido en demasiadas ocasiones?
Es válido perseguir delitos, incluso los más complejos. Es un deber del Estado. Pero también es crucial que esa persecución sea seria, fundamentada y responsable. No para lucirse en las conferencias de prensa, ni para satisfacer el clamor mediático. Porque cuando no lo es, el costo no es solo monetario. Es institucional. La confianza pública se erosiona. La credibilidad en la justicia se debilita. Se fomenta la desafección ciudadana.
El caso SQM fue una oportunidad histórica para evidenciar y sancionar las relaciones entre dinero y política, así como los abusos de poder. Hoy sabemos que esa oportunidad se perdió, no necesariamente por falta de pruebas, sino por una serie de decisiones investigativas erráticas, por falta de estrategia y por un enfoque que priorizó la espectacularidad sobre la solidez probatoria.
El Ministerio Público requiere una reforma profunda. No solo más recursos, sino también una exigencia de rendición de cuentas. Porque en democracia, la impunidad no solo se da cuando los culpables quedan libres, sino también cuando los órganos del Estado cometen graves fallos… y nadie asume la responsabilidad.
Y, como ha ocurrido en tantas ocasiones, aquí, nadie paga.
Con Información de www.elperiodista.cl
