La regionalización ha sido un tema constante en la agenda política de Chile a lo largo de las décadas. Este proceso tiene como objetivo otorgar mayor autonomía y capacidad decisional a las distintas regiones del país, permitiéndoles implementar políticas públicas y tomar decisiones que se adapten a las necesidades y particularidades de cada área geográfica.
Sin embargo, en la práctica, el avance de la regionalización ha sido lento y con logros limitados. A pesar de que se han creado regiones y se han realizado elecciones de Gobernadores Regionales por primera vez, los Gobiernos Regionales aún carecen de los recursos y de la capacidad necesarios para abordar decisiones fundamentales en ámbitos como la educación, la salud, el transporte y el medio ambiente, entre otros aspectos vitales para el desarrollo.
En este contexto, los delegados presidenciales, designados por el jefe de Estado, tienen la tarea de coordinar y optimizar el trabajo de los servicios públicos en las diversas regiones del país. Sin embargo, no queda claro hasta qué punto estos delegados poseen verdaderas atribuciones de mando o, al menos, de coordinación respecto a los seremis. Por su parte, los seremis, actuando como representantes de los ministerios, interactúan con las prioridades definidas por el Gobierno regional (Gobernador y Consejeros Regionales), lo cual puede tornarse complicado cuando las políticas nacionales no coinciden con las necesidades locales.
Además, se está debatiendo la posibilidad de eliminar la figura de los delegados, un paso que podría ser significativo hacia la descentralización, aunque plantea varias preguntas que deben ser resueltas antes de avanzar. Por ejemplo, cómo se gestionaría la coordinación a nivel local entre los distintos servicios del Estado, o si los seremis se convertirían en pequeños ministerios en cada región en lugar de seguir actuando como representantes del poder central. De confirmarse esta última opción, sería más sensato considerar un estado federal en lugar de adoptar soluciones temporales que no clarifiquen su ejecución práctica.
A pesar de todo, es fundamental seguir avanzando en el proceso de regionalización y reforzar la autonomía de las regiones. Para ello, es necesario asignar mayores recursos y atribuciones a los gobiernos regionales, así como establecer mecanismos efectivas de coordinación entre ellos y los servicios públicos. Además, es crucial enfocar a los gobiernos regionales como un ente integral, donde los Consejeros Regionales (Cores) cuenten con mayores poderes y participación, y no se dependa únicamente del Gobernador. Este último, en la práctica, carece de un contrapeso institucional que regule su actuar más allá de las normativas legales. Actualmente, es la voluntad del delegado lo que determina si un proyecto es discutido y financiado por el Core. Si un proyecto no cuenta con el respaldo del delegado o no proviene del entorno del Gobernador, aun teniendo el apoyo unánime del Core, de los Seremis y de los 33 alcaldes, simplemente no será considerado en el Consejo Regional.
Luis Fernando González V
Subdirector.
Con Información de chilelindo.org