La reciente reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, que introduce cambios significativos en el sistema político y electoral, representa un claro ejemplo de una preocupante tendencia: el uso del poder legislativo sin controles efectivos para modificar la Constitución y otras normativas fundamentales, lo que pone en peligro los derechos humanos.
Dichas reformas corroboran las advertencias expresadas por Amnistía Internacional en mayo de 2024 y febrero de 2025. La aprobación del artículo 248 de la Constitución, que elimina el requerimiento de que las modificaciones sean ratificadas por dos legislaturas, ha reducido drásticamente el tiempo para el análisis público, debilitando el sistema de pesos y contrapesos y eliminando una salvaguarda clave para el escrutinio social.
«Las alarmas que hemos encendido en los últimos meses se confirman con la modificación de la Constitución sin procesos deliberativos adecuados ni consulta pública. Esta práctica busca concentrar el poder en el ejecutivo y aumenta el riesgo de violaciones a los derechos humanos, facilitando futuras reformas sin considerar a la población y sus derechos», afirmó César Marín, director regional adjunto para las Américas de Amnistía Internacional.
Desde que el partido oficialista tomó el control de la Asamblea Legislativa en 2021, ha impulsado numerosas reformas legales y constitucionales de manera apresurada, sin transparencia ni participación pública, debilitando la independencia judicial, eliminando mecanismos de rendición de cuentas y suspendiendo derechos fundamentales bajo un régimen de excepción por más de tres años. Esto ha llevado, entre otros problemas, a la detención arbitraria de defensores de derechos humanos por el simple hecho de alzar su voz.
«La forma en que se están llevando a cabo las reformas constitucionales en El Salvador muestra un patrón autoritario que socava las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, a participar en asuntos públicos y a acceder a la justicia frente al abuso de poder. Esto se evidencia, tras décadas, en la declaración de personas como presas de conciencia, como Ruth López, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez», agregó Marín.
Amnistía Internacional enfatizó la responsabilidad del Estado salvadoreño de garantizar el derecho a la participación en asuntos públicos. Esto significa asegurar que este tipo de reformas cuenten con suficiente tiempo para la deliberación y el escrutinio público. Es esencial que las autoridades reviertan las medidas que han cerrado el espacio cívico y que estigmatizan y criminalizan a aquellos que, ejerciendo su libertad de expresión, disienten de las políticas estatales.
Ante esta situación, la organización instó a la comunidad internacional a mantener un monitoreo constante de la situación en El Salvador, exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, apoyar a quienes defienden estos derechos desde dentro y fuera del país, y exigir la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas únicamente por defender los derechos humanos.
Con Información de desenfoque.cl
