En las próximas horas, el Gobierno argentino presentará al Congreso un proyecto de reforma integral del Código Penal, que incluye un endurecimiento considerable de las penas para diversos delitos y establece la imprescriptibilidad de aquellas conductas que se consideran más graves. Este proyecto será revisado durante las sesiones extraordinarias que inician el 10 de diciembre, coincidiendo con la asunción del nuevo Parlamento electo el 26 de octubre.
Manuel Adorni, jefe de Gabinete y portavoz presidencial, enfatizó: “El nuevo Congreso tiene la importante tarea de aprobar proyectos esenciales para impulsar el país. Una de estas reformas, quizás la más significativa para mantener el nuevo orden en Argentina, es la modificación del Código Penal.” Esta declaración fue hecha en presencia de la ministra saliente de Seguridad, Patricia Bullrich.
La propuesta estipula penas de 25 a 30 años para homicidios simples. En cuanto a la conducción imprudente, se establecerán penas de dos a seis años de prisión, y entre tres y seis años en situaciones agravadas. Bullrich destacó que, en casos de abuso de armas, “la condena será taxativa, sin posibilidad de interpretación judicial”.
Otro cambio importante es que las condenas perpetuas no tendrán un límite temporal, en contraste con el máximo actual de 35 años. Además, se considerarán imprescriptibles delitos como el abuso y explotación sexual, la pornografía infantil, la trata de personas, los secuestros extorsivos, el financiamiento del terrorismo y el narcotráfico, entre otros. Bullrich afirmó que “con el nuevo Código Penal, el 82 por ciento de los delitos será castigado con prisión efectiva”.
El proyecto también propone un cambio de doctrina que mejorará el respaldo legal a las Fuerzas de Seguridad, afirmando que “siempre se presumirá a favor de quien se defiende”, según la exministra. En el ámbito de la corrupción, las penas no serán más de cinco o seis años, sino que se clasificarán como “penas graves o gravísimas”, dependiendo del delito.
La iniciativa también busca aumentar de tres a 12 años las penas por hurtos y catalogar como delitos graves la estafa procesal, la pornovenganza y el hostigamiento digital.
El Gobierno no ha aclarado si la reforma incluirá la eliminación del agravante por violencia de género, relacionado con el feminicidio, tras las críticas del presidente Javier Milei en Davos, quien sugirió que esta figura “de facto” indica que la vida de una mujer tiene más valor que la de un hombre.
Además de modificar el Código Penal, el Ejecutivo buscará avanzar en el Congreso con el Presupuesto 2026 y una reforma laboral que todavía está siendo objeto de negociación con varios bloques parlamentarios.
Con Información de www.elperiodista.cl
