Con el objetivo de guiar a los apoderados al inicio del año escolar, el ministro de Educación, Nicolas Cataldo, junto a la superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz, ofrecieron una serie de recomendaciones y consejos sobre la adquisición y exigencia de útiles, textos y uniformes escolares.
Las autoridades educativas recordaron que las instituciones tienen la responsabilidad de proteger el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes, asegurando que ningún estudiante se vea excluido del aula debido a la falta de estos suministros.
Sobre este tema, Cataldo destacó que “lo esencial es que ningún estudiante se vea impedido de realizar sus actividades académicas por no tener los recursos necesarios”.
“Por eso, el Ministerio proporciona, a través de la Junaeb, útiles escolares y, mediante la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, los textos escolares. Estas son herramientas que ofrecemos para facilitar el proceso educativo. Este año, hemos realizado una inversión significativa, que si sumamos lo destinado a útiles y textos escolares, totaliza cerca de 25 mil millones de pesos, para que nuestros estudiantes tengan un año escolar 2025 equipado con lo necesario, y para que los docentes puedan llevar a cabo sus actividades pedagógicas de manera efectiva”, detalló.
El ministro subrayó que “no se pueden requerir marcas específicas para los útiles escolares” en los establecimientos educativos. Se pueden hacer recomendaciones específicas solo por razones pedagógicas o sanitarias, y únicamente en esas circunstancias se sugiere la compra de determinados útiles escolares.
“En el caso de los útiles de aseo, no se pueden solicitar en los establecimientos subvencionados por el Estado, ya sean públicos o particulares subvencionados. Es relevante enfatizar que no se pueden exigir ni artículos de aseo ni de oficina”, explicó el secretario de Estado.
Respecto a los textos escolares, Cataldo añadió que los establecimientos que reciben financiamiento estatal, al contar con los textos proporcionados por el Ministerio, “tampoco pueden obligar a adquirir un texto específico”.
“Si los establecimientos que reciben aportes del Estado deciden utilizar un texto escolar diferente al proporcionado por el Ministerio de Educación, la ley de inclusión permite que esos centros puedan adquirir esos textos y ponerlos a disposición de las familias”, puntualizó la autoridad educativa.
En lo que respecta al uniforme escolar, la normativa establece que los apoderados no pueden ser obligados, presionados o inducidos a comprarlos a un proveedor específico designado por el establecimiento.
Es importante mencionar que los establecimientos pueden recomendar y encargar la confección de uniformes a proveedores exclusivos solamente si esa decisión se ha tomado a través de un proceso competitivo, transparente e informado entre varios proveedores. Sin embargo, siempre se debe respetar el derecho de los padres a adquirir el uniforme en un proveedor diferente.
DISMINUCIÓN DE DENUNCIAS
La superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz, reportó que, desde la institución, “hemos observado que cada año disminuye el número de denuncias relacionadas con textos, útiles y uniformes escolares”, lo que evidencia que tanto los establecimientos como las comunidades educativas conocen y cumplen cada vez más con la normativa educativa.
Actualmente, las denuncias gestionadas por la Superintendencia en estos asuntos representan solo un 0,3% del total de 19.198 registrados en 2024. Este tipo de denuncias ha disminuido un 47% entre 2015 y 2024.
“Hace algunos años era habitual que los niños, niñas o adolescentes que no contaran con un texto, un útil o el uniforme exigido fueran enviados de regreso a casa. Hoy eso no está ocurriendo, no solo porque se protege la integridad física del niño, niña o adolescente, sino porque la ciudadanía ha comprendido que el derecho a la educación es primordial y debe ser salvaguardado en todas las circunstancias, y que todos tenemos la responsabilidad de hacerlo”, afirmó la superintendenta (s) de Educación.
Hizo un llamado a las madres, padres o apoderados que noten incumplimientos de la normativa educativa a acercarse a los establecimientos escolares para resolver la situación y, si persiste la controversia, solicitar mediación ante la Superintendencia, obtener orientación a través del teléfono 600 3600 390 o realizar una denuncia en las oficinas regionales o a través del sitio web www.supereduc.cl.
Con Información de www.lanacion.cl