Rafael Ferrada Henríquez se desempeña como Consejero Nacional del Colegio de Abogados y Abogadas de Chile, siendo el único representante socialista en esta instancia del orden profesional. En esta entrevista, discutimos su implicación en las comisiones de abogados jóvenes y de derechos humanos, además de analizar el caso Hermosilla y los roles del exministro de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, y del exfiscal Guerra en los delitos que los han puesto bajo la mirada de la justicia y del Colegio de Abogados y Abogadas.
– ¿Cuál es su labor en el Colegio de Abogados?
– Formo parte de la Comisión de Abogados Jóvenes y de la Comisión de Derechos Humanos. En la primera, trabajamos en la mejora del acceso a la justicia para las personas en situación de vulnerabilidad. En la segunda, estamos enfocados en fortalecer el INDH, especialmente en relación a los casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
– ¿Por qué el progresismo no ha logrado acceder a la presidencia del Colegio de Abogados?
– Desde 1992, el sector progresista no ha tenido ningún presidente. Creo que esto se debe a una falta de articulación. La mayoría de los colegiados provienen de estudios jurídicos de renombre, que se dedican a atender a grandes empresas. Sin embargo, ha habido una diversificación con la llegada de las clases medias que han optado por estudiar Derecho. Los sectores progresistas hemos estado luchando por romper este círculo de élite que se mantiene en nuestro colegio, buscando también representar los intereses de colegas de estudios más pequeños o funcionarios públicos. Aunque hemos logrado algunos avances, aún queda mucho por hacer.
Actualmente, estamos abogando por una reforma estatutaria que amplíe la mesa directiva del colegio, pues en este momento está conformada únicamente por un presidente y un vicepresidente. La idea es que las minorías, como nosotros, podamos formar parte de esta mesa.
– ¿Hay más abogados y abogadas socialistas en el colegio?
– Sí, hay varios. Hace aproximadamente cinco años formamos una Brigada de Abogados Socialistas, aunque creo que ya había una en los años 90. Esto nos permitió elegir al primer consejero socialista, la compañera Pamela Pereira, desde 1997, además de integrar a Paulina Vodanovic y Rafael Fuentealba en el Consejo Directivo.
– ¿Qué lo motiva a ser dirigente de este colegio?
– Es necesario contar con una voz diversificada. Hasta ahora, era muy homogénea y representaba solo a ciertos sectores. Consideramos que un aspecto central es la ética de nuestra profesión, especialmente en un sistema de justicia que ha tomado gran relevancia. Es crucial tener una vocería que difiera de la actual, que tiende a ser más conservadora.
– En relación al abogado Luis Hermosilla, el Colegio de Abogados parece no haber asumido la gravedad de la situación inicialmente. ¿Qué sucedió?
– No se le dio la importancia debida a la gravedad de los hechos. Al ser un abogado de renombre y prestigio profesional, no se consideró necesario emitir una declaración más contundente, a pesar de que los sectores progresistas intentamos hacerlo. Solo cuando se conoció su vínculo con el exdirector de la PDI se abrió una causa ética. Nuestro sistema ético no estaba preparado para el impacto político que generó el caso Hermosilla. Es un sistema anticuado, donde un fiscal de nuestra orden investiga y, tras sus conclusiones, lleva el caso a un tribunal ético, compuesto por un consejero y otros dos abogados colegiados que finalmente dictan sentencia.
– ¿Qué ocurre con Andrés Chadwick y el exfiscal Guerra, quienes parecen mantener una conexión fuerte en el caso Hermosilla?
– Ellos son miembros del colegio y estamos a punto de iniciar una investigación al respecto, dadas las revelaciones hasta ahora. Este es un asunto que nos preocupa, ya que hay un claro conflicto de interés, lo que vulnera el sistema de justicia, ya que algunas personas tienen acceso a abogados que cuentan con influencia y pueden otorgar contactos o información a otros. Esto resulta en una falta de igualdad ante la justicia, lo que ha llevado a cuestionamientos. Consideramos que hay una evidente falta a la ética.
Adicionalmente, el tema de las filtraciones nos preocupa mucho, especialmente en relación con los medios de comunicación y nuestra conexión con el Colegio de Periodistas. Estas filtraciones vulneran derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad. Por ejemplo, en el caso de la diputada Cariola, se discutieron asuntos ajenos a la investigación. Más preocupantes son los casos de delitos sexuales, como los de Monsalve y Jorge Valdivia, donde se filtraron partes y denuncias, exponiendo a las víctimas que se atreven a denunciar, lo que las revictimiza. Esto crea un ambiente donde las víctimas de abuso evitan denunciar, temiendo que su historia sea pública.
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