En primer lugar, aclaro que no uso la palabra «atorrante». Su inclusión en el título de esta columna es solo para referirme a los creativos de la UDI, quienes descalifican a los funcionarios públicos del actual gobierno de esa manera. Ellos piensan que utilizando este tipo de lenguaje soez, similar al del argentino Milei, lograrán ganar las elecciones del 16 de noviembre. Una táctica similar emplearon los llamados Republicanos de Kast al calificar de «parásitos» a quienes trabajan en la administración pública, y Kaiser, por su parte, ha tildado a Boric de «tránsfuga» y «deshonesto».
En lo que respecta a sus vulgaridades, queda claro que en la denuncia presentada el 31 de octubre de 2025 por la fundación Defendamos la Ciudad ante la Contraloría General de la República, se aborda el problema de los atochamientos vehiculares en los alrededores del estadio de la Universidad Católica en Las Condes. Esta denuncia complementa una anterior sobre la incorrecta aplicación de pinturas intumescentes en ese mismo recinto. A diferencia de los políticos de derecha que utilizan términos ofensivos hacia sus oponentes, creemos que esta situación se debe, posiblemente, a la falta de conocimientos técnicos de los actores privados y funcionarios municipales involucrados en el proceso administrativo del proyecto Claro Arena de la UC, ubicado en Camino Las Flores 13.000.
Aprovecho para aclarar que soy completamente independiente en cuestiones políticas, algo que es evidente en mis miles de publicaciones a lo largo de los años, donde he criticado con vehemencia las numerosas irregularidades en sectores como vivienda, urbanismo, obras públicas, transporte y medio ambiente, siempre defendiendo las leyes que regulan el sistema de libre mercado. Está claro que no soy del agrado de aquellos inversionistas que suelen recibir favores del sector público.
En nuestra reciente denuncia ante la Contraloría, revisamos el artículo 2.1.36 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), la red vial estructurante del Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes, junto con el permiso de edificación N° 105/2016 y un certificado de informaciones previas (CIP) del extenso terreno donde se ejecutará la ampliación del estadio, que data de 1988. Este equipamiento mayor debía necesariamente acceder a una vía troncal o expresa.
El CIP indica que el terreno se enfrenta a dos vías troncales: Camino San Francisco de Asís y Camino El Alba, y que se encuentra afectado por la declaratoria de utilidad pública de la vía expresa Paseo Pie Andino. Además, se menciona que «parte de la vialidad que enfrenta el predio aún no ha sido urbanizada, garantizada ni incorporada al bien nacional de uso público». Suponemos que la funcionaria municipal que emitió el permiso sabía que para la localización de equipamientos, las vías adyacentes deben estar habilitadas antes de autorizar un permiso de edificación o, si el urbanizador debe ejecutarlas, deben hacerse previo a la recepción definitiva de las obras, la cual ya fue otorgada en este caso.
Aunque el terreno colinda con vías troncales, el estadio no tiene acceso al Camino San Francisco de Asís debido a construcciones que obstruyen el ingreso/salida de vehículos hacia esa vía. En el caso de la calle Camino El Alba, el acceso fue proyectado en el Estudio de Impacto sobre el Transporte Urbano (EISTU), método vigente al momento de la aprobación del permiso, a través de una vía interna que conecta con estacionamientos satélites pertenecientes a la Clínica San Carlos de Apoquindo y a la Universidad de Los Andes. Actualmente, la vía Av. Pie Andino no existe en el sector y el EISTU ha sido sustituido por el IMIV (Informe de Mitigación de Impacto Vial).
Por lo tanto, la entrada a los estacionamientos del proyecto, que son los más utilizados por los asistentes, se realiza en la práctica por las vías República de Honduras y Avenida Las Flores, las cuales no poseen la jerarquía troncal o expresa que requiere la OGUC. Aunque parezca increíble, en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) hemos comprobado que este equipamiento deportivo ha estado funcionando durante años sin que se haya urbanizado y destinado al uso público un tramo importante de Camino El Alba. Podríamos mencionar más irregularidades, pero las omitimos por brevedad. En cualquier caso, estamos convencidos de que la Contraloría exigirá al municipio que cumpla, aunque sea tarde, con el mandato legal, en beneficio de la calidad de vida de sus vecinos.
Por último, es importante destacar que el dirigente vecinal Juan Pablo Salinas, uno de los muchos afectados por el tráfico generado por los asistentes a Claro Arena, también ha presentado una denuncia ante la Contraloría y el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, por la falta de servicios del municipio de Las Condes. A nuestro juicio, quienes evaluaron los impactos negativos de este aumento en la capacidad del recinto, posiblemente para evitar ser considerados «tramitadores», decidieron aprobarlo sin el rigor y criterios preventivos necesarios, para que así los inversionistas interesados eviten hablar de «permisología».
Aunque a poca gente le importe, en mi calidad de conocedor del sistema político actual, debo expresar que mi voto será nulo en la primera vuelta presidencial y tengo la intención de publicar un libro que se lanzará inmediatamente después de la toma de posesión del nuevo presidente(a) en marzo de 2026, para que conociendo su contenido, el nuevo gobierno, con funcionarios competentes en cada ministerio y servicio, no repita los errores recurrentes de administraciones anteriores.
Con Información de www.elperiodista.cl
