Hemos sido informados por el arquitecto destacado Alejandro Cantillana y organizaciones sociales de Pudahuel sobre el proyecto de ampliación de la planta de residuos peligrosos de Hidronor, que actualmente se encuentra bajo evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la mencionada comuna del occidente de Santiago.
Este proyecto, titulado «Continuidad Operativa de Planta de Tratamiento, Disposición y Valorización de Residuos Industriales», representa una grave amenaza tanto para el medio ambiente como para el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (AMB), si es que se aprueba.
La propuesta busca extender por 40 años la operación de una planta ya existente desde 1996, añadiendo 13 nuevas celdas de seguridad en un terreno de 30 hectáreas comprado a Cemento Melón. Sin embargo, más allá de su magnitud, es crítico señalar que infringe normas sanitarias y urbanísticas esenciales, bien conocidas por las autoridades locales, regionales y nacionales.
El Decreto Supremo (DS) N°148/2003 del Ministerio de Salud establece claramente que las instalaciones que eliminan residuos peligrosos deben estar ubicadas fuera de las zonas de restricción de aeropuertos. La ubicación de Hidronor, dentro del área de protección del AMB, transgrede esta norma.
No es una mera formalidad: el DS N° 148/2003 es una normativa vinculante diseñada para prevenir riesgos inaceptables. La planta ha registrado incendios y explosiones en los años 2008, 2015 y 2016. Su cercanía a la principal terminal aérea del país incrementa las consecuencias de un posible accidente, por lo que existe una prohibición expresa en el reglamento sanitario correspondiente.
Además, hay otros riesgos que han sido ignorados por su titular y otros actores: la atracción de aves que aumenta la probabilidad de impactos con aeronaves, las emisiones de polvo y gases que podrían afectar la visibilidad durante despegues y aterrizajes, y la superposición de la planta con áreas designadas para la expansión del aeropuerto. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha señalado que el área del proyecto coincide con terrenos planificados para el crecimiento del AMB, lo que contradice la planificación territorial vigente.
Desde un enfoque urbanístico, la ilegalidad es igualmente evidente. El Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) describe el área de propuesta de ampliación como de Interés Silvoagropecuario Mixto (ISAM-1), lo que implica que las actividades industriales peligrosas o contaminantes están prohibidas en esta zona rural.
Este instrumento normativo clasifica el área como de Riesgo de Origen Natural, debido a la existencia de napas freáticas. Por lo tanto, el uso del suelo para la ampliación de la planta es incompatible con el terreno previsto, considerando su condición de zona de riesgo tanto natural como antropogénico, lo que podría implicar contaminación de aguas subterráneas.
Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Hidronor describe erróneamente esta área como una “zona industrial consolidada” (sic), una afirmación refutada por la municipalidad de Pudahuel.
Esta inexactitud busca ocultar una incompatibilidad normativa insalvable. Desde esta plataforma, afirmamos que, según los residentes locales, se trata de un «área residencial consolidada», por lo que el Gobierno Regional (GORE) está considerando una modificación para regularizar las numerosas viviendas existentes.
Asimismo, preocupa la falta de calificación industrial, un proceso necesario que permitiría a las autoridades sanitarias evaluar la peligrosidad de la actividad. Esta omisión ha puesto en evidencia el descuido en el cumplimiento de la normativa sanitaria. Por la magnitud de la expansión y la historia de accidentes previos, es probable que la planta deba clasificarse como insalubre, lo que haría que la ampliación solicitada fuera automáticamente prohibida.
El proyecto de Hidronor no puede ser considerado solamente como una inversión. Representa un claro incumplimiento legal que pone en peligro la seguridad aérea y la salud pública, violando el PRMS.
El Aeropuerto Internacional de Santiago es una infraestructura estratégica para el país, y su desarrollo futuro no puede ser comprometido por la instalación de una planta de alto riesgo en sus cercanías. Como hemos mencionado en numerosas ocasiones, las normas son para ser obedecidas ya que protegen el interés público.
Hasta el momento, desconocemos la posición del concesionario del AMB sobre este asunto, especialmente si su posible expansión hacia el oeste chocaría con esta planta en caso de autorización. No obstante, lo fundamental es que se respete nuestro Estado de Derecho, cumpliendo rigurosamente el DS N°148/2003 y la restricción territorial dispuesta en el PRMS. Por ello, se han informado estos antecedentes al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
En resumen, los propietarios de Hidronor tienen el derecho legítimo de continuar sus operaciones, pero deberán respetar el DS N° 148/2003 y encontrar un terreno adecuado para tal actividad.
Con Información de www.elperiodista.cl
