Protesta demanda justicia por Julia Chuñil y otros casos de desapariciones forzadas.

Casi cuatro meses después de la desaparición forzada de Julia Chuñil, defensora mapuche y presidenta de la comunidad Putraguel en Máfil, región de Los Ríos, Wallmapu, sus familiares y organizaciones siguen demandando justicia y respuestas del Estado y las autoridades.

El pasado viernes 28 de febrero, el Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo organizó una nueva manifestación frente al Palacio de La Moneda en Santiago, para exigir al gobierno del presidente Gabriel Boric que tome medidas urgentes y efectivas para encontrar con vida a la ambientalista de 72 años, quien lleva más de 110 días desaparecida en la región de Los Ríos, Chile, en circunstancias sospechosas y tras haber recibido hostigamiento y amenazas, en medio de un conflicto territorial con empresas forestales.

Julia Chuñil Catricura, madre de cinco hijos y abuela de diez nietos, es reconocida por su incesante lucha por la protección del bosque nativo y los derechos de su comunidad. Como presidenta de la comunidad Putraguel, lideró iniciativas para la conservación de la biodiversidad y la reclamación de tierras ancestrales. A lo largo de los años, enfrentó presiones y amenazas por parte de empresarios locales debido a su resistencia ante intereses extractivistas.

El 8 de noviembre de 2024, la defensora ambiental desapareció mientras buscaba animales perdidos en un terreno de 900 hectáreas de bosque nativo que está en disputa entre un empresario agrícola y la comunidad Putraguel. Huellas de neumáticos encontradas por su hijo en un camino poco transitado despertaron sospechas.

La investigación sobre la desaparición de la líder mapuche no muestra avances significativos, mientras su familia mantiene la esperanza de hallarla con vida.


¿Dónde está Julia Chuñil?

Con pancartas que exigían «¿Dónde está Julia Chuñil?» y «Otra víctima de la codicia empresarial», los miembros del Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo se reunieron nuevamente frente a La Moneda, con el objetivo de dar visibilidad a su caso y generar una alerta nacional e internacional sobre los peligros que enfrentan los defensores ambientales y territoriales en Chile.

Durante la protesta pacífica, los participantes también mostraron pancartas, fotos y afiches que causaron eco por otras siete víctimas de desaparición forzada desde el fin de la dictadura.


A través de sus redes sociales, informaron que «rodiaron con su caminata silenciosa el palacio gubernamental, deteniéndose para leer su declaración de denuncia en ambas entradas principales: Plaza de la Constitución y Plaza de la Ciudadanía». Luego realizaron un «corte de tráfico en la Alameda Bernardo O’Higgins con Morandé».


El primer caso mencionado fue el de Hugo Arispe, detenido el 10 de enero de 2001 por Carabineros, quien alegó que se encontraba en estado de ebriedad en la vía pública. Debido a que no tenía dinero para pagar la multa, lo trasladaron al Centro Penitenciario de Acha en Arica, donde se perdió su rastro cuatro días después.


El segundo caso fue el de Ricardo Harex, un joven de 17 años desaparecido desde el 19 de octubre de 2001, cuando salió de su domicilio en Punta Arenas para participar en una celebración con sus compañeros del Colegio Salesiano San José.

La investigación judicial se centró en el sacerdote Rimsky Rojas, quien era el director del establecimiento educativo donde estudiaba el adolescente al momento de su desaparición. Por este caso, cuatro funcionarios de Carabineros y tres sacerdotes han sido procesados como encubridores en un delito de sustracción de menores, según reportó el portal Pressenza.


El tercer caso destacado en la protesta fue el de José Huenante, un joven de 16 años de origen mapuche, cuyo paradero se perdió después de ser detenido por una patrulla de Carabineros el 3 de septiembre de 2005, mientras se encontraba en la calle de Puerto Montt con sus amigos.


Sumándose a esta lista, está la desaparición de Ramón Pacheco, un joven sordomudo que desapareció el 1 de julio de 2008 a los 23 años en Talcahuano. Testigos afirman haberlo visto durmiendo en la calle esa noche, por lo que llamaron a Carabineros para evitar que muriera de frío. Luego, llegó una patrulla y se lo llevó. En 2020, su padre fue informado de que unos restos óseos, mal catalogados y que habían permanecido durante 10 años en el Servicio Médico Legal, correspondían a Ramón.


El quinto caso abordado por los integrantes del Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo fue el de José Vergara.

Este joven de 23 años, diagnosticado con esquizofrenia, sufrió episodios críticos. El 13 de septiembre de 2015, durante uno de estos episodios, su familia solicitó ayuda a Carabineros. Los policías llegaron y lo sacaron de su casa para dar un paseo en la patrulla, una medida que en ocasiones anteriores lo había ayudado a calmarse. Sin embargo, esta vez José no regresó.


La asociación también destacó el caso de Geraldo Monarez, un hombre de 55 años, vecino de Hualpén, Región del Biobío, diagnosticado con esquizofrenia y discapacidad intelectual, quien desapareció el 28 de octubre de 2019 en medio del Estallido Social. Ese día, según testigos, fue detenido por una patrulla de Carabineros, tras lo cual se perdió su rastro. El Instituto Nacional de Derechos Humanos se habría negado a investigar su situación.


El séptimo caso de desaparición forzada corresponde al migrante haitiano Jean Fedor Louis. Su paradero se perdió en Santiago el 20 de mayo de 2020, durante el Estallido Social, cuando el país estaba bajo Estado de excepción, con toque de queda y resguardado por fuerzas armadas y Carabineros.

«Se volvió a interrogar sobre Julia Chuñil Catricura y las otras seis víctimas de desaparición forzada después de la dictadura, a manos de agentes del estado: Hugo Arispe (2001), Ricardo Harex (2001), José Huenante (2005), Ramón Pacheco (2008), José Vergara (2015), Jean Fedor Louis (2020), Geraldo Monarez (2019).
Hemos preguntado cuál es el plan de búsqueda para cada uno de estos casos», indicaron desde la organización en un mensaje compartido en sus redes sociales.

«Es obligación del Estado, del Gobierno y de las fiscalías, responder y garantizar justicia», resaltaron.


Represión de Carabineros

Es importante señalar que, a pesar de que la manifestación era pacífica, los representantes del Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo fueron hostigados por efectivos de Carabineros de Chile, institución que está siendo investigada por su participación directa en al menos cinco de los siete casos por los que exigieron justicia.


Con Información de www.elciudadano.com

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