Ex concejal y ex director laboral del Banco del Estado.
Con el inicio de las primarias, comienza un nuevo ciclo político y electoral. En el contexto de las izquierdas, el debate actual se centra en la posibilidad de retroceso en derechos, lo que incluye la involución del Estado de derecho establecido tras la dictadura.
Esta posibilidad, que estuvo presente en la política nacional durante gran parte de la década de los noventa, vuelve ahora gracias a la evolución del escenario político mundial y a la aparición de gobiernos de ultraderecha en Europa y América Latina, caracterizados por afectar profundamente los equilibrios de poder que caracterizan a las democracias liberales desde la Segunda Guerra Mundial.
La involución se refleja claramente en la pérdida de derechos civiles, políticos y sociales; en la desindustrialización; en severos recortes a programas sociales; en el aumento del desempleo y en la precarización laboral que afecta a amplios sectores de la población, características comunes de la ultraderecha en el poder.
Se han escrito numerosas páginas sobre las causas del deterioro de la democracia y las que condujeron a la revuelta social en Chile. Entre estas interpretaciones, han emergido nuevas organizaciones políticas y liderazgos que han redefinido las coaliciones políticas, enriqueciendo el debate público desde diversas perspectivas, pero coincidiendo en que el momento presente está determinado por la defensa de la democracia y los logros alcanzados.
Defendemos una democracia que busque resolver los problemas en la sociedad chilena, que integre de manera recíproca los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y el reconocimiento de las particularidades de los pueblos originarios, así como las diversidades de género, incorporándolas a la vida nacional con plenitud de derechos.
En resumen, debemos avanzar en la construcción de un país inclusivo, que no evite enfrentar los problemas «reales de la gente». Estos problemas, cierta medida, han permanecido constantes, mientras otros han evolucionado, desde la discriminación social hasta el racismo xenófobo. Identificamos los siguientes elementos para avanzar en esta dirección:
1.- Rol del Estado. Su responsabilidad es garantizar el acceso universal y equitativo a servicios básicos como salud, educación, vivienda y protección social. Debe crear políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y reduzcan las desigualdades socioeconómicas. En Chile, a pesar de contar con los recursos necesarios, la falta de atención médica oportuna sigue causando muertes y aumentando las listas de espera.
El Estado democrático tiene el deber de garantizar la seguridad y el bienestar de la población, fomentando un ambiente adecuado para el desarrollo humano. Esta seguridad implica la capacidad de desplazarse sin temor y vivir en paz, además de contar con una red de apoyo social, especialmente para las mujeres que equilibran el trabajo remunerado con el no remunerado.
2.- Diversificación productiva. En relación con los procesos productivos actuales y la economía del conocimiento, el Estado debe participar activamente en la economía, desarrollando una política industrial que diversifique la matriz productiva, de manera sostenible y alineada con el medio ambiente. Esto es crucial para afrontar los desafíos del siglo XXI y asegurar recursos para las futuras generaciones.
La falta de esta diversificación pone en riesgo la supervivencia digna, al mismo tiempo que el productivismo extremo contribuye al colapso del planeta. Esto también se aplica a la necesidad de políticas de seguridad alimentaria a nivel nacional e internacional.
3.- Regiones y comunas. El Estado, tal como está actualmente, no podrá lograr un desarrollo óptimo sin descentralizar poder y recursos hacia las regiones, provincias y comunas. La frase «los municipios son la puerta de entrada al Estado en el territorio» solo es cierto si cuentan con los recursos y facultades necesarias para el desarrollo y la calidad de vida. Sin ellas, se multiplican las precariedades y exclusiones.
Por ello, es esencial promover políticas y programas de cooperativismo productivo, trabajando en estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil y municipalidades. También es necesario impulsar otras formas de asociatividad con las comunidades locales, como cooperativas de vivienda y de consumidores. Las PYMES desempeñan un papel crucial en la generación de empleo y en el fortalecimiento del tejido social.
4.- Sindicatos y cohesión social. Los sindicatos son fundamentales para lograr mejores condiciones laborales, salarios justos y reducir las brechas de desigualdad social. La negociación colectiva ayuda a disminuir los conflictos dentro de las empresas, un aspecto clave para el crecimiento y desarrollo económico.
Aunque es necesario reconocer que la digitalización y el auge del capitalismo de plataformas han creado nuevas formas de defensa de los intereses de los trabajadores, no se debe menospreciar el papel de los sindicatos, ante los intentos de desacreditarlos.
5.- Pluralismo político. Además de los riesgos de burocratización en las organizaciones, también enfrentamos la parlamentarización de la política en los partidos, el clientelismo, paternalismo y corrupción, que han socavado su credibilidad. No se debe concluir que los partidos deben desaparecer, sino que es esencial sintonizarlos con la realidad social.
Es vital que la participación política se dé en un marco democrático y plural, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y liberar energías para la creatividad y el desarrollo cultural.
Por lo tanto, el régimen político que mejor promueve la justicia social es aquel que se basa en la democracia y el pluralismo político sin restricciones. Este sistema permite la participación amplia y diversa de la sociedad, especialmente de aquellos que históricamente han sido marginados y excluidos.
Así, la defensa de la democracia se convierte en una cuestión civilizatoria y de futuro.
Mayo 7 de 2025.
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