Este martes, el Parlamento de México aprobó la prohibición absoluta de los vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares, imponiendo penas de cárcel de hasta ocho años para quienes participen en su comercialización. La decisión fue respaldada con 324 votos a favor, 129 en contra y ninguna abstención en una Cámara de Diputados mayoritariamente oficialista.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, resultó en una reforma constitucional que establece sanciones de uno a ocho años de prisión, así como multas que oscilan entre 100 y 2.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a montos de 11.314 a 226.280 pesos mexicanos (aproximadamente entre 534 y 10.686 euros).
La nueva legislación prohíbe claramente la adquisición, producción, fabricación, transporte, almacenamiento, importación, exportación, distribución, venta y suministro de estos dispositivos, además de cualquier forma de publicidad o propaganda en medios impresos, digitales, televisivos, radiales u otros formatos de comunicación.
Desde el oficialismo, el diputado Pedro Mario Zenteno aclaró que la ley no sancionará a los consumidores individuales, sino que las penas se aplicarán exclusivamente a quienes obtengan ganancias de su venta o distribución. “No se penalizará al consumidor. La sanción recae únicamente en quienes comercializan estos dispositivos”, enfatizó el legislador, quien calificó la aprobación como un “hito en la protección de la salud pública”.
El Congreso justificó su decisión al considerar el vapeo como una amenaza directa para la salud, especialmente entre los jóvenes, y como parte de una estrategia pública destinada a reducir la dependencia y el uso de estos productos en el país.
Con Información de www.elperiodista.cl
