Las isapres destinan una parte significativa de las cotizaciones de salud de los afiliados al financiamiento de licencias médicas. En 2023, el 21,5% de los ingresos de las aseguradoras de salud privada se destinaron a pagar el subsidio por incapacidad laboral (SIL), lo que se traduce en un gasto de $832.472 millones para las isapres en licencias médicas.
La Tercera informa que, tras el escándalo expuesto por la Contraloría, cobra fuerza una propuesta que las isapres han planteado: separar la gestión de las licencias médicas de las isapres y Fonasa, y crear un organismo autónomo responsable de su control y financiamiento.
“El sistema actual de licencias médicas está obsoleto. Hay un consenso amplio sobre la necesidad de rediseñarlo con incentivos adecuados y un organismo técnico e independiente que administre, financie y controle las licencias médicas del sistema,” señala Gonzalo Arriagada, presidente de la Asociación de Isapres.
Esto implicaría la existencia de un único organismo técnico que maneje todo el proceso de licencias médicas, en lugar de las ocho entidades involucradas actualmente, que son las isapres, Fonasa, Capredena, Dipreca, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), las cajas de compensación y las mutuales.
Arriagada había abordado este tema antes de que estallara el escándalo actual en una sesión de la Comisión de Salud del Senado el 13 de mayo, en el contexto del proyecto de Ley de Modernización del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
Arriagada mencionó que el proyecto avanza, “sin embargo, consideramos que ante los problemas que enfrentamos, mejorar la gestión del sector salud y modificar el sistema de licencias médicas, el proyecto queda corto”. Indicó que se está avanzando en algunos aspectos de las licencias, “pero son desafíos menores”.
Durante su presentación, Arriagada sugirió que “Fonasa debería asumir funciones de control médico para la tramitación de licencias de sus afiliados, aunque la propuesta aún mantiene un modelo de licencias que es cuestionado”.
Destacó que los “principales problemas que explican las críticas al sistema” son la “incapacidad para abordar casos de fraude y las tensiones en el diseño del sistema que perjudican a los trabajadores. Esto incluye la calificación de enfermedades y los criterios dispares entre las distintas Compin que resuelven litigios”.
Sobre las Compin, Arriagada señaló que “existen muchas de ellas con criterios dispares, lo que dificulta alcanzar un acuerdo común en el país. Esto puede resultar en que una licencia sea aceptada por una Compin y rechazada por otra”.
Además, mencionó que “los pagos asociados a las licencias no incentivan la reinserción laboral; en realidad, parecen motivar a algunos trabajadores a permanecer en licencia. Observamos que hay una mayor cantidad de licencias entre quienes tienen renta variable, especialmente en meses posteriores a ganancias significativas”.
Arriagada concluyó resaltando que “hay un consenso sobre la necesidad de una nueva institucionalidad, preferiblemente autónoma e independiente, desligada de los sistemas previsionales de Fonasa, isapres y mutuales, que se ocupe de la gestión en este ámbito.” Esto requeriría redefinir aspectos como los periodos de carencia para las licencias y la forma en que se otorgan los subsidios. Por último, recordó que “el gobierno se ha comprometido a presentar un proyecto al respecto durante este año”.
Con Información de www.lanacion.cl