La defensa de Mauro Cid, quien fue ‘mano derecha’ del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, afirmó en la primera audiencia del juicio por el intento de golpe de Estado que su cliente, una figura central en la trama golpista, no fue presionado para colaborar con la Justicia a cambio de una posible reducción de pena.
La defensa ha iniciado su fase de alegatos orales tras el resumen procesal presentado este martes por el juez Alexandre de Moraes, encargado del caso, y el fiscal general, Paulo Gonet. Este juicio involucra al expresidente Bolsonaro y a otros siete acusados en lo que se conoce como el núcleo central del complot golpista.
Uno de los abogados de Cid destacó: «No hay un solo mensaje enviado por él que sugiera, motive o valide un ataque contra la democracia o el sistema electoral. Lo que se tiene son mensajes que recibió pasivamente en su WhatsApp, sin reenvíos».
Además, la defensa de Mauro Cid —clave en la trama debido a los indicios del golpe hallados en su teléfono— comunicó que el teniente coronel ha solicitado su baja del Ejército, argumentando que «ya no tiene las condiciones psicológicas» para seguir en la institución militar, según reportan medios brasileños.
En la primera vista del juicio, inaugurada este martes por el presidente de la primera sala del Supremo, Cristiano Zanin, solo estuvo presente el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira, uno de los ocho acusados por varios delitos, incluidos la participación en una organización criminal armada y la abolición violenta del Estado democrático de derecho.
Durante su intervención, el juez Alexandre de Moraes subrayó que el Supremo debe juzgar con imparcialidad, sin dejarse influir por amenazas o coerciones internas, en una aparente referencia a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, quien enfrenta un cargo por obstrucción a la justicia.
La estrategia supuestamente diseñada por Bolsonaro, denominada ‘Puñal Verde y Amarillo’, contemplaba el asesinato de figuras públicas, incluyendo al vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, a De Moraes y a Lula, a quien se planeaba envenenar.
Según la Fiscalía, el expresidente participó activamente en la redacción de un decreto ‘golpista’ que fue presentado a altos mandos militares en una reunión en la casa del exministro de Defensa Walter Braga Metto con la intención de presionar a los militares. Un borrador de este decreto fue encontrado en el hogar del exministro de Justicia Anderson Torres.
El documento supuestamente establecía un estado de sitio en Brasil «dentro de los límites» de la Constitución, utilizado como estrategia para conferir un aire de legitimidad al intento de golpe, aunque parte de la cúpula militar se opuso, lo que llevó al fracaso del complot.
De los ocho acusados, solo uno, Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), enfrenta tres delitos: participación en una organización criminal armada, intento de abolición del Estado de derecho e intento de golpe de Estado.
Con Información de www.elperiodista.cl
