Después de una prolongada lucha por parte de la familia de la víctima, que proporcionó información crucial para investigar esta nueva tipificación del delito, se ha dictado en Copiapó la primera condena en el país por suicidio femicida, bajo la Ley 21.523, conocida como Ley Antonia, que tipifica los delitos de inducción al suicidio y suicidio femicida.
La sentencia contra Heraldo Brevis Maya, quien estaba en prisión preventiva, fue recibida con satisfacción por el movimiento Justicia para Raquel, que ha trabajado desde 2023 para visibilizar y exigir justicia tras la muerte de Raquel Gutiérrez Ponze. “Luego de un arduo y doloroso proceso, la justicia ha hablado: el tribunal ha determinado la culpabilidad del responsable del fallecimiento de nuestra querida Raquel. Este fallo establece un precedente histórico: es el primer caso en el país donde se aplica la Ley Antonia, demostrando la responsabilidad de un agresor cuya violencia condujo a un desenlace irreversible”, expresaron.
En esta investigación, la Fiscalía Regional de Atacama contó con el respaldo jurídico de la Unidad Especializada en Género de la Fiscalía Nacional, lo que permitió analizar los medios de prueba y finalmente acusar al imputado por su responsabilidad en este hecho, acreditando que hubo actos de violencia física y psicológica contra la víctima antes de su fallecimiento, estableciendo así el nexo causal entre las acciones del imputado y el desenlace trágico”, indicó el fiscal adjunto de Copiapó, Ariel Guzmán Moya.
Rol de los agentes del Estado
Sobre esta primera condena por este delito en el país, la directora de la unidad mencionada de la Fiscalía Nacional, Ivonne Sepúlveda Sánchez, declaró que el trabajo investigativo realizado permitió confirmar que los hechos en la capital de Atacama ocurrieron en un contexto de violencia de género de manera sistemática. “Por esta razón, hacemos un llamado a considerar estos casos como una criminalidad compleja que requiere una atención especial por parte de los agentes del Estado. Además, es un problema de seguridad pública que debe analizarse desde una perspectiva de género para evitar la impunidad de sus perpetradores”, subrayó.
Así, en juicio abreviado, el Juzgado de Garantía de Copiapó impuso al condenado una pena de 5 años de prisión, que se cumplirá en régimen de libertad vigilada intensiva.
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