El Presidente Boric abordó la colaboración que el Gobierno ha brindado a la comisión que investiga la fallida venta de la casa de Guardia Vieja, ubicada en Providencia y que perteneció a Salvador Allende.
En un oficio dirigido a la Cámara de Diputados, el Mandatario manifestó que “como es de su conocimiento, nuestra Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional excluyen al Presidente de la República de las autoridades que deben comparecer ante las Comisiones Especiales Investigadoras”.
“No obstante, deseo complementar brevemente lo expuesto por las autoridades gubernamentales y otros funcionarios que han comparecido ante su Comisión, quienes ya han respondido muchas de las preguntas que se me han formulado, las cuales son de interés para esta instancia”, señala el oficio.
“A esta comisión investigadora asistieron y colaboraron el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo; el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa; la directora de Presupuestos; la directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural; el director de la Secretaría de Bienes Nacionales; la secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, entre otros asesores y funcionarios. La colaboración del Gobierno ha sido total y espero que este escrito también sirva de ayuda”, añade el Presidente.
“Como he expresado públicamente, estoy convencido, hasta el día de hoy, de que las casas de los expresidentes Aylwin y Allende deben ser patrimonio público. Esta voluntad de rescatar la memoria histórica y conservar el patrimonio fue la base de esta iniciativa”, continúa.
“Dada la naturaleza de mi cargo, mi rol en el proceso de adquisición de la casa del presidente Allende fue limitado, reduciéndose a la decisión inicial y a la firma del decreto que autorizaba la compra, el cual, como es sabido, fue revisado por la Contraloría General de la República”, aclara el Mandatario.
“Quiero destacar que no tuve conocimiento de posibles inhabilidades constitucionales que pudieran afectar la compraventa. Posteriormente, una vez informado sobre las implicaciones de la adquisición, ordené investigar a fondo la situación y detener el proceso, tal como se comunicó a la opinión pública el 3 de enero de este año”, recordó.
“En relación con las responsabilidades por lo sucedido, he hecho valer la responsabilidad política de la ministra de Estado a cargo de esta área. Actualmente, hay un sumario administrativo en curso para determinar otras responsabilidades y, como informó el ministro Figueroa ante esta comisión, se ha dispuesto elaborar un manual de adquisición en el Ministerio de Bienes Nacionales para optimizar estos procedimientos en el futuro”, agregó.
“Este es un compromiso de nuestro Gobierno para asegurar que las instituciones funcionen adecuadamente, promover la transparencia ante dificultades y ser proactivos en la mejora de procesos existentes”, añadió.
“Por todo lo anterior, y como mencioné al inicio, nuestro Gobierno ha colaborado de manera activa con esta Comisión y con la investigación liderada por el Ministerio Público, así como ha ejecutado con rapidez las medidas pertinentes ante este tipo de situaciones”, concluye el oficio con fecha 10 de junio.
Con Información de www.lanacion.cl