Tras el reclamo de parlamentarios de oposición ante la Contraloría por una designación considerada como un “amarrre” ante el próximo cambio de mando, los representantes de los trabajadores de la asistencia judicial enfatizaron la importancia de que la persona que asuma el cargo cumpla con los compromisos previos y posea un perfil técnico adecuado a las exigencias de la institución.
La reciente elección del gobierno de nombrar a la ex Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, como Directora Implementadora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia ha sido cuestionada por parlamentarios de oposición. Argumentan que el nombramiento podría tener un “impacto negativo en la institución”, dado que Muñoz se encuentra en un avanzado estado de embarazo, lo que podría derivar en una licencia médica prolongada. Esta situación ha sido comunicada formalmente a la Contraloría General de la República.
Desde la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj), que representa a más de 3,000 funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial encargados de implementar el nuevo servicio, se destacó que, más allá de los nombres, “lo crucial es que quien asuma el cargo asegure el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los trabajadores”.
Victoria Escalante, presidenta de la Federación, declaró que “existen protocolos que aún no se han cumplido en áreas críticas como remuneraciones, infraestructura, dotación de personal e incluso salud mental, los cuales deben ser atendidos por la nueva persona en este cargo”.
Además, la lideresa subrayó que “siempre hemos sostenido que, antes de cualquier designación, se deben cumplir no solo los estándares de probidad y ética, sino también contar con un perfil técnico acorde a la importante labor que se avecina”.
Es relevante mencionar que el gobierno no ha formalizado oficialmente el nombramiento de Patricia Muñoz como la primera Directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Por lo tanto, queda por ver si el Ejecutivo se mantendrá en su decisión inicial o considerará una alternativa para liderar esta nueva institucionalidad, cuyo objetivo es asegurar no solo la asistencia jurídica gratuita, sino también un apoyo integral a las víctimas de delitos a nivel nacional.
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