En Chile, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, es necesario inscribirse en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), administrado por el Servicio Nacional de Pesca, para realizar actividades de pesca artesanal. Sin embargo, para especies como el jurel, la jibia, la reineta y el langostino amarillo, que están siendo sobreexplotadas, o para la merluza común, que se encuentra en estado de agotamiento, la inscripción en el RPA se encuentra suspendida. Esto se hace para proteger los recursos hidrobiológicos del país.
Recientemente, en noviembre, la Subsecretaría de Pesca emitió una Resolución que exige al Servicio Nacional de Pesca abrir el Registro Pesquero Artesanal para miles de nuevas embarcaciones a nivel nacional. Esta medida ha sido calificada como peligrosa e ilegal por representantes de la pesca artesanal e industrial, quienes han solicitado a la Contraloría que la revise y anule.
El argumento se basa en que el organismo liderado por el subsecretario Julio Salas ordenó la apertura del Registro sin la debida autorización legal, ignorando la consulta a los Consejos Zonales de Pesca, necesarios para obtener informes técnicos. Esto contradice las obligaciones del Estado de conservar los recursos hidrobiológicos y vulnera la Ley de Pesca, desnaturalizando el carácter restringido de las pesquerías que han alcanzado su máximo rendimiento sostenible y poniendo en riesgo el ecosistema marino del país.
En el documento presentado ante la Contraloría Regional de Valparaíso, se afirma que «la Resolución impugnada ordena una incorporación masiva, excepcional y por una sola vez de nuevos armadores artesanales, sin vacantes que reemplazar, ni procedimiento legal previo», destacando que «un régimen de acceso solo puede ser modificado por ley».
Ante esta situación, y a pocas semanas del inicio del nuevo ciclo pesquero, se solicita a la Contraloría emitir un dictamen que declare la ilegalidad de la Resolución de la Subsecretaría de Pesca.
“Lo que buscamos es que la Contraloría declare la ilegalidad y deje sin efecto la resolución 2.563 porque alteraría las reglas de acceso que solo pueden ser cambiadas por ley. Esta situación tiene dos riesgos. En primer lugar, permitiría la entrada de nuevos participantes sin respetar el sistema de vacantes, aumentando la presión sobre los recursos. En segundo, utiliza como justificación la ley de fraccionamiento, que solo redistribuye porcentajes y no autoriza la apertura de registros ni la incorporación de nuevos actores. Si esto se establece, cualquier norma podrá ser modificada solo por una resolución”, comentó Victoria Rubio, presidenta de A.G. Coordinadora Nacional de Armadores Pesqueros Artesanales Costeros (CONAPESCA).
Las 7 medidas
Es importante notar que en noviembre, la Subsecretaría de Pesca presentó siete medidas en favor de la pesca artesanal, afirmando que traerían «beneficios concretos» al sector. Estas incluyen permitir la captura de jurel (actualmente en explotación y con registro cerrado) para embarcaciones menores de 12 metros, fomentar flotas «multiespecies» con recursos como la reineta (también en explotación) y la inclusión de la sardina española en la pesca de anchoveta y jurel entre las regiones de Arica y Coquimbo, entre otras acciones que han sido ampliamente cuestionadas.
Macarena Cepeda Godoy, presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío y vicepresidenta de Sonapesca, afirmó: “El subsecretario Salas está actuando más por motivos políticos que siguiendo recomendaciones científicas para la gestión sostenible de las pesquerías. Esto es alarmante, ya que el jurel chileno es considerado un caso exitoso a nivel mundial por haber recuperado su estado. Si se debilitan las normas de acceso y se ignora la evidencia científica, no solo se compromete la sostenibilidad de los recursos, sino también el futuro de miles de familias que dependen del mar. Por eso nos dirigimos a la Contraloría para asegurar una gestión responsable de los recursos pesqueros en el país”.
A pesar de que la ley de Fraccionamiento prevé una nueva distribución a partir del 1 de enero de 2026, aún no se ha hecho pública la distribución regional de cuotas entre los actores del sector artesanal.
El requerimiento presentado a la Contraloría cuenta con el respaldo de Sonapesca, el Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Artesanales Afines, el Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales del Mar, y varias asociaciones gremiales de pescadores de diversas regiones.
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Con Información de desenfoque.cl
