El reciente nombramiento de José Jerí como presidente interino de Perú ha traído consigo decisiones firmes para enfrentar el creciente problema de la delincuencia organizada. A partir de la medianoche del miércoles, Lima y la provincia vecina del Callao entrarán en estado de emergencia, una medida destinada a combatir esta amenaza que ha impactado profundamente al país.
En un comunicado nacional, Jerí destacó que la criminalidad ha aumentado de manera alarmante, afectando a miles de familias y a la economía del país. Pocas semanas después de asumir el cargo tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte, el nuevo mandatario enfatizó la necesidad de adoptar acciones concretas en lugar de meras declaraciones.
El estado de emergencia implica la suspensión de ciertos derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, en un contexto de protestas contra el gobierno. Las Fuerzas Armadas brindarán apoyo a la Policía Nacional, patrullando áreas críticas y estableciendo medidas de control frente al crimen.
Una de las acciones más destacadas del decreto es el despliegue militar para proteger instituciones públicas y llevar a cabo operativos de decomiso de armas y explosivos ilegales. Además, se limitarán las visitas en las cárceles y se implementará un apagón eléctrico en las celdas, junto con el desmantelamiento de antenas de telecomunicaciones ilícitas.
Datos recientes del Sistema de Información de Defunciones indican que en el trimestre de julio a septiembre de 2025 se registraron 575 homicidios, evidenciando la grave situación de seguridad en el país. Este preocupante aumento es uno de los factores que llevaron a la salida de Boluarte y a la llegada de Jerí, quien ha prometido un enfoque más contundente contra el crimen.
El estado de emergencia, aunque ha sido utilizado anteriormente en Perú, subraya la urgencia de abordar la crisis de seguridad, especialmente en una región tan crítica como la capital, donde vive un tercio de la población peruana.
Con Información de factos.cl
