Personal de la Educación Superior solicita inclusión en el proceso de modernización y supervisión del uso de recursos públicos.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Superior (Conatuch) ha hecho un llamado contundente al gobierno y al Congreso para que sean consideradas las comunidades universitarias en los procesos de modernización del sistema, especialmente en lo referente al manejo de los fondos públicos destinados a universidades privadas.

Esta exigencia se oficializó durante el Encuentro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Universidades Privadas, que se llevó a cabo el 19 de junio en la Universidad del Desarrollo, con la presencia del subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. En esta reunión, la Conatuch, que representa a sindicatos y asociaciones de personal de la Red G9 y otras instituciones privadas no pertenecientes al CRUCH, abordó diversas problemáticas del sector, incluida la eliminación en 2021 de los Bonos de Navidad y Fiestas Patrias, así como cambios en las asignaciones del Aporte Basal que impactaron negativamente a los trabajadores.

Osvaldo León, vocero de la coordinadora y presidente del Sindicato Interempresa n° 1 de Trabajadores de la PUCV, expresó: “la eliminación de los bonos fue parte de una política general de la administración anterior que no reconocía a los trabajadores ni a las universidades del G9 como interlocutores”. Agregó que el actual gobierno ha mostrado su intención de revertir en parte esta situación mediante un incremento en el Aporte Basal por Desempeño, lo que permitiría recuperar gradualmente los beneficios que fueron eliminados.

Durante el encuentro, Orellana destacó la disposición del Ejecutivo a mantener un diálogo continuo con todos los actores del sistema: “Estamos trabajando en conjunto para abordar las necesidades tanto de las instituciones como de sus trabajadores, utilizando los recursos disponibles”.

Además de estas demandas, la Conatuch expresó su inquietud ante el debate actual en torno a la regulación de aranceles en la educación superior. “Hemos visto, en las últimas semanas, a varios rectores de universidades privadas manifestarse en medios y en el Congreso, argumentando que la regulación podría comprometer la calidad de las instituciones. Sin embargo, ignoran que en los últimos 15 años los aranceles han aumentado más del 40% (por encima del costo de la vida) y que el país ya discutió este tema cuando se estableció la ley de educación superior y la gratuidad, definiendo un mecanismo serio y transparente para regular estos valores”, señalaron.

Asimismo, cuestionaron la interpretación del concepto de autonomía universitaria. “Las autoridades que representan a las instituciones no han sido elegidas por sus comunidades. Académicos, trabajadores y estudiantes no están incluidos en estos debates, a pesar de ser fundamentales en los procesos formativos. Entonces, ¿de quién es realmente la autonomía: de los propietarios o de las comunidades educativas?”, argumentaron.

Finalmente, la coordinadora anunció que se movilizará a nivel nacional y en el Congreso para exigir su inclusión activa en los cambios prometidos por el gobierno. “No pretendemos decidir sobre los bienes privados, pero sí queremos velar por el uso adecuado de los recursos públicos que estas instituciones reciben a través de la gratuidad, el CAE y otros mecanismos de financiamiento”, afirmaron.

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