La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ha causado una fuerte controversia al presentar un nuevo protocolo para el uso de agentes encubiertos digitales en las redes sociales. A través de las resoluciones 828 y 829/2025, publicadas en el Boletín Oficial, el gobierno busca reforzar su lucha contra el delito mediante una intervención activa en el ámbito digital.
Este protocolo incluye la creación de un Consejo Académico responsable de formar y capacitar a los agentes. Sus funciones abarcan la supervisión de programas y la colaboración con la Unidad Especial de Agentes Encubiertos. Bullrich defiende que estas nuevas figuras, como los agentes encubiertos y los fiscales reveladores, son “instrumentos legales” que proporcionarán pruebas cruciales en la lucha contra el crimen.
El proceso para activar un agente encubierto es exhaustivo. Inicia con un oficio judicial que solicita su intervención. Una vez ordenado, la fuerza de seguridad propone un agente que cumpla con los requisitos legales. La identidad del agente encubierto se mantiene estrictamente confidencial, y cualquier fuga de información puede acarrear severas sanciones.
El uso de identidades falsas está restringido a la misión específica del agente, y una vez concluida, estas deben ser eliminadas de todas las bases de datos. No obstante, existe una excepción que permite conservar la identidad falsa por razones de seguridad personal o para futuras investigaciones.
Este tipo de iniciativas inevitablemente generará un intenso debate en torno a la privacidad y la seguridad digital. La implementación de agentes encubiertos en las redes sociales plantea interrogantes sobre el balance entre la seguridad pública y los derechos individuales. ¿Se trata de una medida necesaria o de una infracción a la privacidad?
Con Información de factos.cl
