El debate sobre el presupuesto ha generado una oportunidad esperada por los afectados desde hace casi dos años. En el marco de la discusión sobre la Ley de Presupuesto 2026, los familiares de las víctimas del incendio que afectó a Viña del Mar y Quilpué en febrero de 2024 han solicitado al Gobierno que respalde una glosa especial para financiar un acuerdo reparatorio directo, evitando así continuar litigando contra el Estado.
La propuesta, impulsada por el diputado Hotuiti Teao (Ind.-Chile Vamos) y el senador Francisco Chahuán, solicita al Ejecutivo que patrocine una indicación dentro de la partida del Ministerio de Hacienda. Esto permitiría destinar recursos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y facilitaría una negociación inmediata. El objetivo es evitar lo que las familias consideran una “revictimización”.
La cifra solicitada —$34.750 millones— fue calculada por el abogado Felipe Olea, quien representa a la mayoría de los afectados. Este monto incluye indemnizaciones proporcionales y financiamiento para atención psicológica, que, según los denunciantes, el Estado no ha asegurado desde la tragedia que cobró 139 vidas.
“No se trata únicamente de una demanda económica”
Olea afirmó que esta iniciativa surge de las demandas civiles presentadas por las familias y se fundamenta en la responsabilidad del Estado. Destacó que la propuesta responde a que “CONAF y Senapred incurrieron en omisiones que permitieron la propagación del megaincendio”. Además, subrayó que “no es sencillamente una solicitud económica, sino una forma de que el Estado asuma su responsabilidad y brinde reparación”, evitando lo que él considera una “doble exposición procesal”.
El abogado recordó un caso precedente: “El Estado otorgó reparaciones directas a las familias sin exigir años de litigios. Este caso debería marcar un estándar”, refiriéndose al caso Antuco.
Según Olea, la decisión depende completamente del Congreso. “Son ellos quienes deben aprobar la disposición presupuestaria. El CDE tiene la facultad legal para negociar sin necesidad de sentencia”, reiteró, destacando que existen resoluciones previas que apoyan esta práctica.
“Basta de sufrimiento”: las víctimas exigen una respuesta
El 19 de noviembre, las familias enviaron una carta a los parlamentarios de la Región de Valparaíso, en la que expresan haber tenido que enfrentar querellas penales y demandas civiles simultáneamente contra el Estado, una situación que consideran revictimizante. El documento demanda: “Consideren una disposición presupuestaria que permita un acuerdo reparatorio por un total de $34.750 millones”, con la firma de familiares de cerca de 100 fallecidos.
En el Congreso, Teao se unió a los afectados y denunció un abandono institucional: “Los damnificados han sido revictimizados nuevamente. Muchos han tomado permisos sin sueldo para asistir a audiencias que no progresan”, solicitando que el Ejecutivo respalde la glosa.
Los familiares reiteran su llamado. Carlos Orellana, padre de Anastasia, de 14 años, lamentó la inacción del Estado: “Esto se ha prolongado y es una falta de respeto. El Estado debería haber asumido responsabilidad y no lo ha hecho. Me prometieron que no nos abandonarían y, casi dos años después, seguimos sin solución”. Viviana Godoy, quien perdió a sus padres, pidió poner fin al desgaste emocional: “Basta ya de sufrimiento”. Noemí Cabello añadió: “Llamamos a que nos reconozcan como víctimas y se apruebe esta reparación”.
La glosa será discutida y votada en breve, en la fase final del Presupuesto 2026. Si se aprueba, permitirá al CDE negociar de inmediato un acuerdo reparatorio con las familias sin que tengan que continuar en tribunales durante años.
PURANOTICIA
Con Información de chilelindo.org
