Claro, aquí tienes una versión reescrita del contenido:
Sr. Director
He enviado esta carta al Director de El Mercurio en relación a la columna del 20 de mayo, que remito a usted con la esperanza de tener mejor fortuna.
En su columna titulada “ONGs y Evaluación Ambiental”, se presentan diversas afirmaciones que contienen errores conceptuales evidentes.
Primero, respecto a la “permisología” del Proyecto de Ley que introduce el Sistema de Regulación y Evaluación. A pesar de su intención de modernizar nuestro modelo, no aborda las autorizaciones otorgadas en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que era su propósito original. Es fundamental que el primer paso se centre en validar y consensuar esta iniciativa dentro del ámbito público. Basta con revisar la historia de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y sus promesas iniciales.
En segundo lugar, para asegurar una gestión ambiental adecuada en el país, es necesario que todos los actores desempeñen un rol activo. Este principio de “cooperación”, desarrollado en Alemania en la década de 1970, reconoce que las ONG, el Estado y los empresarios son los tres actores esenciales, cada uno con responsabilidades relevantes y equivalentes.
Este principio democrático se refleja en diversos instrumentos de gestión ambiental, donde se fundamenta el derecho a la información y la transparencia de la Administración, así como la oportunidad para que la sociedad civil exprese sus opiniones, generando así un marco de corresponsabilidad social en la toma de decisiones de las autoridades.
La Ley chilena también incorpora explícitamente el principio de Equidad Ambiental, que consagra el derecho de todas las personas a “acceder a condiciones de calidad ambiental adecuadas, reduciendo los riesgos ambientales entre diferentes grupos”. Esto garantiza un sistema de transparencia activa que minimiza “las asimetrías de información entre el Estado, el sector privado y las comunidades”, alineándose con los criterios de la Convención de Aarhus de 1998 y el Acuerdo de Escazú.
Atentamente,
Eduardo Astorga
Doctor en Derecho
Profesor de Derecho Ambiental
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