El Ministerio Público ha decidido “no perseverar” en la investigación de 1.509 denuncias relacionadas con la violencia que agentes del Estado ejercieron contra ciudadanos chilenos durante el estallido social de 2019.
Esta decisión ha sido rechazada por el Grupo Iniciativas por los Derechos Humanos, que está compuesto por variadas organizaciones sociales, sindicales y de víctimas, ya que evidencia el incumplimiento del Estado chileno con sus responsabilidades en esta área.
En un comunicado, expresaron que la decisión de la Fiscalía es una «cruda evidencia» de cómo la falta de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición propicia que la historia se repita, aumentando el trauma social al imponer una vez más la impunidad sobre las víctimas, sus familias y la sociedad en general.
Desde la agrupación señalaron que la elección de no continuar con más de 1.500 casos, «justificándose en un mecanismo administrativo para liberar el sistema penal», puede interpretarse como un encubrimiento, lo que plantea un cuestionamiento ineludible sobre el impacto y las consecuencias en las víctimas y su entorno, así como en la sociedad, acentuando la percepción de injusticia, indefensión e impunidad.
Esto afecta, además, las posibilidades de establecer un Estado de Derecho que garantice justicia accesible e igualitaria, «una situación que además infringe las obligaciones internacionales asumidas en esta materia, las cuales requieren investigar y reparar en causas que son imprescriptibles por ser violaciones a los derechos humanos».
Falta de voluntad para investigar y perseguir a los culpables de tortura y apremios ilegítimos
El comunicado, firmado por Raquel Torres Guerrero, coordinadora del Grupo Iniciativas por los Derechos Humanos, recuerda que según el marco jurídico chileno, la etapa de investigación es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público. En los casos donde están involucrados agentes del Estado de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, surge la duda legítima de si se actuó con la debida eficiencia, objetividad y oportunidad para recabar las pruebas necesarias para llevar a cabo los juicios orales.
Por ello, el Ministerio Público tiene la obligación de priorizar y destinar todos sus recursos a los delitos relacionados con derechos humanos, como la tortura y los apremios ilegítimos, así como «considerar la vulnerabilidad de las víctimas, poniendo especial atención en delitos que afectan a niños, niñas, adolescentes y grupos en situación de especial protección».
En este sentido, el grupo destacó que es fundamental establecer garantías de protección para víctimas y testigos, dado que son las mismas instituciones implicadas en los delitos quienes deben llevar a cabo las investigaciones. Más aún, cuando es de público conocimiento que persisten prácticas heredadas de la dictadura civil-militar que están relacionadas con pactos de silencio, agentes encubiertos en las marchas y la doctrina de seguridad nacional, que aún influye en la formación de las Fuerzas Armadas, centrada en la idea del enemigo interno. Esto se manifestó en la brutal represión a quienes demandaron cambios sociales desde octubre de 2019 hasta el confinamiento por la pandemia de Covid-19.
Los miembros del grupo lamentaron que esta situación dejó “cientos de víctimas con trauma ocular, golpizas, detenciones masivas, secuestros, torturas, violencia sexual política, especialmente en el caso de estudiantes de secundaria, montajes en las intramarchas, abuso de la medida de prisión preventiva, asesinatos, amedrentamiento, y amenazas a brigadistas de salud y a integrantes de medios de comunicación alternativos”.
En el comunicado se calificó como «inverosímil, cuestionable y arbitrario» que a pesar de la notable presencia de efectivos, grabaciones, cámaras y otros recursos técnicos en los lugares donde ocurrieron los delitos, el Ministerio Público no haya tenido acceso a los antecedentes probatorios suficientes para llevar a cabo juicios orales en estas causas, que comprometen seriamente al Estado, al tratarse de delitos perpetrados por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, creando una doble vulneración a causa del daño causado por la falta de acción de las instituciones que deberían proteger a las víctimas, a quienes además se les carga la responsabilidad de la falta de material probatorio.
“Es esencial subrayar la responsabilidad del Estado y del gobierno actual en la investigación de conductas indebidas por parte del Ministerio Público”, afirmaron.
Asimismo, enfatizaron la necesidad de considerar el papel que han tenido los medios de comunicación dominantes, «que, al sumarse al modelo populista de seguridad ciudadana, han criminalizado el legítimo derecho humano a la movilización social y, de forma más o menos velada, han contribuido a validar y normalizar el uso de dichas prácticas».
Desde el Grupo Iniciativas por los Derechos Humanos, expresaron su preocupación por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Chile «para alcanzar justicia y reparación para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social, quienes hoy están en un estado de total abandono y olvido». Mientras tanto, los agentes del Estado responsables de estas agresiones «disfrutan de privilegios y protección, seguros de que sus delitos, a raíz de esta decisión, podrían quedar en la más peligrosa y dolorosa impunidad».
Finalmente, subrayaron que es “imperativo” que “el Ministerio Público revierta esta decisión, reconozca la existencia de estos delitos imprescriptibles y cumpla con las obligaciones derivadas del derecho internacional para garantizar la investigación, justicia y reparación para las víctimas de violaciones a derechos humanos”.
Con Información de www.elciudadano.com