Varias organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la educación superior, que representan a más de 12 mil personas de universidades estatales, tradicionales y privadas, han emitido una declaración pública apoyando el proyecto de ley que establece el Fondo de Financiamiento Público de la Educación Superior (FES), que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional.
Las organizaciones firmantes consideran que el FES es un avance crucial hacia un sistema educativo superior más justo, inclusivo y sostenible. Asimismo, destacan que esta iniciativa sustituye al Crédito con Aval del Estado (CAE), eliminando las deudas inasequibles y la intervención del sistema bancario en el financiamiento estudiantil.
Entre los aspectos más destacados del proyecto se encuentran:
- Acceso universal y equitativo: el FES no requiere postulación y está diseñado para quienes no accedieron a la gratuidad, ampliando la cobertura sin discriminación.
- Pago justo y condicionado: los beneficiarios solo pagarán si tienen ingresos estables y adecuados, protegiendo a quienes no logran insertarse en el mercado laboral.
- Flexibilidad académica: se incluye financiamiento por un año adicional a la duración formal de las carreras.
- Condonación de deudas: más de un millón de personas podrían beneficiarse de medidas de alivio financiero.
- Gestión estatal: el Estado será el único administrador de los recursos, excluyendo a los bancos y priorizando el uso educativo de los fondos.
- Regulación de aranceles: se establecerán criterios objetivos para definir los costos reales de las carreras, favoreciendo especialmente a las universidades regionales y tradicionales.
- Transparencia: todas las instituciones que reciban fondos públicos deberán cumplir con estándares de transparencia activa.
- Fortalecimiento institucional: se permitirá el uso del Fondo Solidario para respaldar a instituciones tradicionales.
A pesar de reconocer los avances, las organizaciones advierten sobre algunos desafíos clave para la implementación efectiva del FES, como garantizar un financiamiento justo y sostenible y asegurar la participación de los trabajadores y trabajadoras de universidades privadas en la supervisión del uso de los recursos públicos.
Finalmente, el documento concluye con un llamado a la Comisión de Hacienda y al Congreso Nacional para aprobar el proyecto, enfatizando que representa una oportunidad histórica para avanzar hacia una educación que se considere un derecho y no una carga inasequible.
Firmantes:
Entre las organizaciones que han firmado se encuentran la Federación de Académicas y Académicos de Chile (FAUECH), la Federación Nacional de Funcionarios de Universidades Estatales (FENAFUECH), la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades Estatales (FENTUECH), la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile (ACAUCH), la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile (FENAFUCH), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Universidades de Chile (CONATUCH), entre otras.
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