La Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM) ha expresado su profunda preocupación y rechazo ante la reciente ordenanza aprobada por la Municipalidad de Independencia, que impone restricciones específicas a la circulación de motocicletas, argumentando que busca combatir los delitos perpetrados desde estos vehículos.
La organización ha emitido una declaración pública al respecto.
“Desde ANIM, coincidimos en la necesidad de mejorar la seguridad ciudadana, pero consideramos que las medidas adoptadas por este municipio son inconstitucionales, discriminatorias y estigmatizantes, además de ineficaces según la evidencia internacional, como lo indica el estudio ‘Restricciones a motocicletas y sus efectos sobre el crimen en Colombia’, realizado por la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes en Colombia.”
“La experiencia en Colombia, donde más de 25 ciudades han implementado restricciones similares, como la prohibición de acompañantes o la circulación en ciertos horarios, ha demostrado que estas políticas no reducen significativamente la criminalidad. Estudios académicos concluyen que sus efectos son marginales, poco sostenibles en el tiempo y, en muchos casos, provocan un simple desplazamiento del delito, afectando de manera desproporcionada a trabajadores honestos”, señaló.
Agregó que “en Chile, miles de personas utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte laboral, lo que contribuye al dinamismo económico y a una distribución eficiente de bienes y servicios. Este medio cumple un rol social importante, ya que permite reducir tiempos de traslado, aumentar la cobertura territorial y acceder a oportunidades laborales que el transporte público aún no garantiza.”
“Por todo lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades municipales y nacionales para adoptar una perspectiva más moderna, inclusiva y respaldada por datos. La solución a la inseguridad no puede ser criminalizar un medio de transporte completo ni castigar a quienes lo utilizan como herramienta de trabajo.”
“Instamos a convocar mesas de diálogo con gremios, trabajadores y expertos en movilidad, para diseñar políticas públicas equilibradas que mejoren la seguridad sin vulnerar derechos ni limitar el desarrollo laboral”, enfatizó.
Con Información de www.lanacion.cl
