El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha denunciado el descubrimiento de 383 cuerpos en un crematorio de Ciudad Juárez, México, y ha instado a las autoridades a cumplir con su obligación internacional de proteger y respetar a los fallecidos, lo que incluye la apertura de una investigación sobre toda muerte que pueda considerarse ilícita.
«En solidaridad con las familias afectadas por el hallazgo de estos 383 cuerpos en Ciudad Juárez, exigimos una investigación efectiva y el respeto a los derechos de los difuntos, de acuerdo a los estándares establecidos en el informe del Relator Especial de la ONU», señala un comunicado publicado por la Asamblea General de Naciones Unidas.
El informe enfatiza que las investigaciones sobre muertes solicitadas por el relator especial deben llevarse a cabo de manera «oportuna, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente», asegurando que los cuerpos sean tratados «con dignidad y respeto».
Asimismo, se aclara que «la obligación de proteger a los muertos forma parte de los derechos a la vida y a no ser sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a la protección contra la desaparición forzada». Por ello, se propone la creación de «principios rectores» que protejan los derechos de los fallecidos desde una perspectiva de derechos humanos.
En este contexto, se atribuye al Estado la responsabilidad de «asegurar que los restos humanos sean tratados y gestionados adecuadamente para preservar la dignidad de los fallecidos», además de garantizar que se respeten los derechos de sus familias en todo momento.
A pesar de ello, desde el ACNUDH se reconoce las dificultades actuales para identificar cuerpos no reclamados debido a «la escasez de peritos forenses y recursos científicos», así como «la falta de financiación de los sistemas forenses, infraestructuras inadecuadas y la ausencia de directrices claras».
DESIGUALDADES EN LA MUERTE
El Alto Comisionado también señala un «importante solapamiento de leyes, reglamentos y prácticas» en relación con las «muertes no violentas y cotidianas», que «sigue generando problemas significativos», especialmente en la defensa de los derechos de comunidades minoritarias, personas indígenas y aquellos cuyos cadáveres no han sido reclamados o identificados.
«Muchas de las desigualdades, discriminaciones e injusticias que se dan en vida persistente en la muerte», ha declarado Morris Tidball Binz, el relator encargado del informe, quien ha propuesto varias recomendaciones prácticas para «proteger a los muertos durante la investigación de muertes ilícitas».
Entre las sugerencias de Tidball Binz se incluye «armonizar la protección de los muertos según el Derecho Internacional» para que los Estados implementen las «medidas nacionales adecuadas» que aseguren la protección de los fallecidos en la práctica y el manejo correcto de sus restos.
«La dignidad de una persona y el respeto que se debe a su cuerpo y restos no concluyen con la muerte. Alterar estos procesos, ya sea mediante una protección inadecuada o un trato irrespetuoso hacia los muertos, daña a las personas y las sociedades y, en el caso de muertes ilícitas, socava el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Por lo tanto, las obligaciones del Estado para proteger a los fallecidos son esenciales para hacer efectivos los derechos de las familias y asegurar que todas las muertes potencialmente ilícitas sean investigadas exhaustivamente», concluye el informe.
La obligación de proteger adecuadamente a los fallecidos, lejos de ser opcional, es un deber bajo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y se vuelve cada vez más «imperativa», concluye el documento.
Las desapariciones en México han aumentado aproximadamente un 28 por ciento en el último año, alcanzando las 129,000 personas reportadas como desaparecidas en mayo, según informes de las fiscalías regionales recopilados por la prensa local.
Con Información de www.elperiodista.cl
