Organismo de la ONU reconoce la Ley de Espacios Costeros por su impacto positivo en la protección de los océanos y los derechos humanos.

La ONU reconoce la Ley Lafkenche y los Espacios Costeros como un modelo global para la protección de océanos y derechos humanos

Imagen: Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios (ECMPOS) y la Relatora Especial sobre derechos humanos y medio ambiente, Astrid Puentes Riaño.

Según una publicación del Observatorio Ciudadano en redes sociales, el Informe 2025 de las Naciones Unidas sobre océanos y derechos humanos ha destacado la Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche, y los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPOs) como un modelo ejemplar para salvaguardar los derechos indígenas y promover la gobernanza sostenible de los océanos. Este informe, titulado “El océano y los derechos humanos”, fue elaborado por Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial de la ONU sobre el Derecho a un Medio Ambiente Sano, y subraya la relevancia de estos mecanismos legales para conservar los vínculos culturales, espirituales y económicos de los pueblos originarios con el mar.

Ver también / Organismos internacionales alertan por vulneraciones a la Ley Lafkenche y derechos humanos

El informe destaca que los ECMPOs, regidos por la ley 20.249, son fundamentales para la conservación marina y una gobernanza oceánica inclusiva. Su inclusión en un documento oficial de la ONU establece un precedente internacional en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas costeros y su labor en la protección del medio ambiente. Este reconocimiento valida los esfuerzos de las comunidades locales y sienta un estándar global para otras naciones.

Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial sobre derechos humanos y medio ambiente, subrayó que los ECMPOs son ejemplos de “buenas prácticas” que deben ser replicadas a nivel global. Estos espacios protegen los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios y promueven un enfoque ecosistémico e interseccional para gestionar los recursos marinos. Además, el informe ofrece recomendaciones clave para los Estados, como garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos y reconocer los sistemas de gobernanza locales y tradicionales.

A pesar de este logro, persisten desafíos. Desde su implementación en 2008, la Ley de Espacios Costeros ha enfrentado una fuerte oposición de empresas transnacionales, especialmente del sector salmonero, y de ciertos sectores políticos. Las comunidades Mapuche, organizadas en la Identidad Territorial Lafkenche, han denunciado campañas de desinformación y racismo que buscan socavar sus derechos y vilipendiar su lucha. “Reiteramos nuestra negativa ante cualquier modificación de la Ley 20.249 y utilizaremos todos los recursos posibles para protegerla”, afirmaron las comunidades en 2024.

El informe de la ONU también subraya la necesidad de que el Estado chileno aborde los problemas administrativos que han obstaculizado una implementación efectiva de la Ley de Espacios Costeros. Las comunidades indígenas señalan que los inconvenientes son más de voluntad política que de defectos legislativos. Este llamado al Estado representa una ocasión para afirmar el compromiso con los derechos humanos y la justicia ambiental.

Según el comunicado, el reconocimiento por parte de la ONU no solo respalda los esfuerzos de las comunidades originarias, sino que también resalta la necesidad de proteger los océanos como un bien común vital para la vida en el planeta. Los ECMPOs son un ejemplo de cómo la colaboración entre los pueblos indígenas, la sociedad civil y el Estado puede ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles a los retos ambientales y sociales.

En un contexto global de crisis climática y degradación de ecosistemas marinos, el informe de la ONU enfatiza que la protección de los derechos humanos debe ir de la mano con la conservación ambiental. La Ley 20.249 y los ECMPOs muestran que es posible lograr este equilibrio, respetando el conocimiento tradicional y fomentando una gobernanza inclusiva.

Finalmente, este reconocimiento refuerza el papel de Chile en la defensa de los derechos indígenas, fruto de una colaboración entre el Observatorio Ciudadano, la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, y la ONG FIMA.

Accede al informe completo. Enlace de Naciones Unidas:

El océano y los derechos humanos / Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, Astrid Puentes Riaño

Con Información de www.elciudadano.com

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