En entrevistas difundidas por CNN Chile, el senador Juan Ignacio Latorre plantea una reforma constitucional que sube de cinco a diez años el requisito de residencia —contado desde la definitiva—, exige no tener antecedentes penales y reinicia el cómputo si hay ausencias prolongadas del país. Además, propone dejar fuera del padrón presidencial a los extranjeros, manteniendo su participación en comicios locales con altos requisitos. Todo, dice, con un objetivo: “ordenar” un padrón que hoy —según su estimación— ronda las 800 mil personas y podría superar el millón.
El punto de partida de Latorre es técnico y normativo: la configuración actual del padrón, con voto obligatorio que incluye a extranjeros con “muy bajos requisitos”, no sería comparable internacionalmente. De ahí la idea de una reforma constitucional que eleve a diez años el período de avecindamiento para extranjeros, contado desde la residencia definitiva (no transitoria), acompañado de la exigencia de no registrar antecedentes penales. El parlamentario añade una cláusula de temporalidad efectiva: si la persona sale del país por 90 días o más, el cómputo se reinicia.
El senador empalma ese piso de exigencias con un criterio de competencia electoral: consagrar en la Constitución que las personas extranjeras no voten en elecciones presidenciales, pero sí puedan sufragar en elecciones locales (alcaldes, concejales, cores) con los altos requisitos antes descritos. “Ordenar” el padrón sería necesario, afirma, ante su magnitud: “800.000 y la proyección es más de un millón”, una cifra que, a su juicio, obliga a definir reglas estables hacia adelante.
Latorre pone también el foco en el calendario. Recalca que el debate no está pensado “para noviembre o diciembre”, sino para las “futuras elecciones”, dada la cierre del padrón para la contienda en curso. En ese marco, lo aplicable en el corto plazo sería acotar efectos colaterales de la obligatoriedad, por ejemplo dejar “voluntaria” la multa a extranjeros que no voten, una salida que —según afirma— “no le gusta al mundo de Kast”.
El plano político aparece cuando el senador describe el “cálculo” del Partido Republicano y la ultraderecha que respalda a José Antonio Kast: la presunción de que contingentes específicos, como el venezolano, favorecerían electoralmente a sus listas en parlamentarias y, por ello, la disputa por el padrón no sería solo jurídica, sino también estratégica. En paralelo, recuerda que desde la UDI ha existido la intención de “regular” por la vía de una reforma constitucional para dejar fuera del padrón presidencial a extranjeros, aludiendo a la presentación de una iniciativa meses atrás.
Desde esa lectura, Latorre instala una contradicción en el discurso opositor: “Querer expulsar migrantes y, al mismo tiempo, buscar sus votos”. De cara al proceso inmediato, subraya, la discusión no reescribe las reglas de esta elección: se ordena el futuro, se clarifican estándares y se desactiva el componente litigioso de la participación de extranjeros en la presidencial, preservando, en cambio, su rol en la política local bajo condiciones más exigentes.
La tesis que Latorre empuja no se agota en un hito comunicacional: es arquitectura institucional. Subir requisitos, definir dónde pueden votar los extranjeros y cuándo deben hacerlo, y alinear la norma con el tamaño real del padrón, configura la hoja de ruta que propone —expresamente— para el próximo ciclo electoral, no para el actual.
