La empresa argentina Metropol, parte de la RED Metropolitana de Movilidad, ha alertado sobre un posible colapso en el transporte público, adjudicándolo a una ineficiente gestión del Ministerio de Transportes. La compañía estima pérdidas de $42 mil millones.
Durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, en octubre de 2021, se realizó la primera licitación del exTransantiago, marcando una modernización del sistema con la inclusión de buses eléctricos y nuevos contratos.
Según el Diario Financiero, esta licitación repartió un tercio del servicio entre tres operadoras: Red Bus Urbano (RBU), Santiago Transporte Urbano (STU) y Metropol. La adjudicación se concretó en marzo de 2022, y las operaciones iniciaron en 2023.
Patricio Pérez, gerente general del grupo argentino, manifestó su preocupación por la situación actual. Indicó que, tras la modificación contractual, hay “un claro riesgo para la estabilidad del sistema a largo plazo”.
Pérez destacó que la responsabilidad recae en el Ministerio de Transportes por “una falta de gestión adecuada”, y criticó la falta de consideración de “diversas complejidades diarias”, añadiendo que “hay demasiado enfoque burocrático” en la gestión ministerial.
Metropol también identificó el vandalismo, la inseguridad y la evasión como factores que agravan la crisis. Pérez subrayó que no solo se trata de una mala gestión contractual, sino también de un entorno operativo adverso.
La empresa ha reportado más de 2.500 actos vandálicos, incluyendo tres buses incendiados y más de 420 agresiones a conductores y pasajeros. Los daños en los vidrios han generado gastos por más de $1.500 millones.
El año 2024 culminó con un 18% menos de transacciones en transporte público respecto al máximo histórico de 2018, cuando se estableció la licitación actual. Además, se registró una disminución del 26% en el volumen de viajes en los buses comparado con ese período.
Las tres operadoras implicadas enfrentan pérdidas de $42 mil millones, equivalentes a cerca de 40 millones de dólares, según Pérez. Estas cifras corresponden a los dos años de operaciones bajo el nuevo esquema contractual.
A esto se añade un “patrimonio negativo de cerca de $17 mil millones”, lo cual no solo refleja la pérdida del capital invertido, sino también un significativo desbalance financiero.
Pérez advirtió: “Estamos en un riesgo real de inestabilidad, lo que podría resultar en un quiebre del servicio que afecte a los pasajeros y trabajadores”.
La situación podría agravar en 2025, ya que comenzarán a operar tres nuevas empresas en condiciones contractuales similares, dos de las cuales contarán con participación de capital extranjero.
¿QUÉ RESPONDE EL DTPM?
Las operadoras afirman que el diálogo con las autoridades ha sido complicado, especialmente al abordar problemas relacionados con el modelo de contrato, que consideran pone en peligro la continuidad del servicio.
Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano (DTPM), afirmó que cada empresa operadora es responsable de gestionar sus contratos de manera efectiva y asegurar su sostenibilidad financiera.
Tapia también aclaró que las seis unidades de servicio adjudicadas en la licitación de 2019 han sido modificadas desde enero de 2024, y que el modelo de licitación de 2023 es diferente al anterior.
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Con Información de www.lanacion.cl
