Periodista y editora internacional.
La impactante imagen de una fila de 27 hombres arrestados, sin camisetas y cabizbajos, en el complejo de la
Penha
, se convierte en un símbolo indeleble. Representa tanto fuerza como sumisión. Esta imagen capta el dilema central que surge de la
megaoperación
del 28 de octubre en Río de Janeiro: ¿Hasta dónde puede y debe el Estado intervenir para salvaguardar a sus ciudadanos de una amenaza criminal tan arraigada y violenta como el Comando
Vermelho
?
Para captar la magnitud de la reacción estatal, es esencial entender la naturaleza del enemigo.
El Comando
Vermelho
(CV) tiene una historia que data de la década de 1970, en las cárceles de la dictadura militar brasileña, donde se fusionaron presos políticos de izquierda y delincuentes comunes, dando origen a una organización con jerarquía y un código propio. Desde su fortalecimiento, el CV se ha expandido desde las prisiones a las favelas de Río, estableciendo control territorial a través del narcotráfico y el uso de la violencia extrema.
En la actualidad, al igual que otras organizaciones en la región, como el Tren de Aragua, Río de Janeiro enfrenta una batalla directa contra un conglomerado criminal extremadamente violento; un negocio transnacional que ejerce un control férreo sobre el territorio. Representa un poder paralelo que socava la soberanía del Estado, sometiendo a los ciudadanos a la extorsión y el miedo. En Brasil, se estima que 28.5 millones de personas residen en áreas bajo la influencia de estos grupos.
El crimen organizado: un negocio altamente rentable
Desde hace tiempo, su actividad ha dejado de ser solo el tráfico de cocaína; se ha diversificado hacia el tráfico de armas, la minería ilegal en el Amazonas, el control de servicios públicos en las favelas y el lavado de dinero a gran escala, como se evidenció en la operación “Carbono Oculto”, que descubrió flujos financieros sospechosos por 52 mil millones de reales, convirtiendo al crimen organizado en una de las empresas más significativas de Brasil.
Ante esta situación, la cuestión no es si el Estado debe intervenir, sino cómo. Es legítimo que el Estado emplee la fuerza necesaria para desarticular estas células. Los ciudadanos, que durante años han sido rehenes del fuego cruzado, extorsionados y obligados al silencio, tienen un derecho fundamental a la seguridad.
El gobernador Castro, principal impulsor de esta operación, sostiene que el Estado no puede ser un mero espectador mientras grupos armados desafían abiertamente su autoridad. Desde esta perspectiva, la protección de los inocentes justifica, en principio, una acción firme.
Los peligros de los excesos: cuando la fuerza se convierte en brutalidad
La operación del 28 de octubre fue una respuesta tras un año de recopilación de inteligencia contra una facción que había militarizado el territorio. Los enfrentamientos no fueron simples escaramuzas; se trató de combates urbanos enfrentando a agentes con drones-bomba, barricadas de autobuses y un intenso volumen de fuego. La muerte de cuatro
policías atestigua la brutalidad del conflicto.
Sin embargo, la legitimidad del objetivo no exculpa automáticamente la brutalidad de los métodos empleados. Aquí es donde la operación suscita preocupaciones profundas. Las imágenes de los detenidos humillados, las acusaciones de ejecuciones sumarias —personas con disparos en la cabeza— y el desgarrador testimonio de una madre que afirma que su hijo fue decapitado y su cabeza exhibida como “trofeo”, sugieren un cuadro de posible barbarie.
Si el Estado, en su intento por restablecer la ley, la transgrede, ¿en qué se diferencia del enemigo que intenta combatir? La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos se mostró “horrorizada” por esta situación por una razón válida.
La eficacia policial no debe medirse únicamente por el número de bajas enemigas, sino por la capacidad de desmantelar las redes con inteligencia, preservando la vida de quienes son inocentes y respetando el debido proceso.
Brasil necesita condenar a los líderes criminales, no solo eliminar a los soldados del Comando
Vermelho
o de cualquier otro grupo delictivo. Esto es igualmente aplicable a los ataques de Estados Unidos en el Caribe contra “
narcolanchas
”.
Las políticas de “mano dura”, aunque son populares gracias a su espectacularidad y efectividad en tiempos electorales, priorizan la cantidad sobre la justicia procesal y con frecuencia tienen efectos contraproducentes a mediano plazo, ya que alimentan ciclos de violencia y legitiman el reclutamiento para la realización de operaciones de venganza.
Entre la espada y la balanza.
El debate en Río de Janeiro no debe limitarse a la defensa de los derechos humanos de los criminales, ni al uso indiscriminado de la violencia estatal como justificación para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Es necesario exigir que el
Estado actúe con la firmeza de una espada, pero también con la precisión de una balanza.
La operación contra el Comando
Vermelho
fue sin duda necesaria. La existencia de un poder criminal tan arraigado y violento que disputa el control territorial pide una respuesta formal.
Sin embargo, el verdadero logro no radica en anunciar la eliminación de 130 sospechosos, sino en demostrar que la acción se llevó a cabo dentro del marco legal, protegiendo a los ciudadanos atrapados en la confrontación y priorizando la desarticulación inteligente de la red por encima de la aniquilación simple.
El camino que debe seguir Río de Janeiro, y Brasil en su conjunto, es tan complejo como la historia del Comando
Vermelho
: demanda una seguridad inflexible, pero también una justicia impecable. Solo así se podrá deshacer el nudo gordiano que une la violencia criminal con la desconfianza ciudadana hacia el Estado.
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