Los abogados de Alianza Humboldt, una coalición de organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales, han calificado como «inédita» e «ilegal» la reciente decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta que aceptó la solicitud de Andes Iron Spa, lo que podría abrir nuevamente la puerta para la ejecución del Proyecto Dominga en La Higuera, Región de Coquimbo.
En su fallo, el tribunal mandó que la dirección del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emita una nueva resolución sobre el proyecto, actuando como la secretaría técnica del Comité de Ministros.
Esto fue decidido tras determinar que en la votación del 8 de enero, donde se rechazó por tercera vez el polémico proyecto minero-portuario, los ministros se excedieron en sus atribuciones, haciendo hincapié en los impactos al medio ambiente terrestre y en las deficiencias de los planes de emergencia ante posibles derrames.
La argumentación presentada por Andes Iron SpA, controlada por la familia Délano, se centró en el hecho de que en dicha instancia los ministros discutieron dos temas nuevos que no formaban parte del fallo original, lo que fundamentó su nuevo rechazo.
De acuerdo con el tribunal, el rechazo del Comité de Ministros debe ser modificado, anulando los párrafos que sustentan esta decisión y exigiendo al SEA que emita una nueva resolución en un plazo de diez días.
Esta resolución mantiene vigente la aprobación ambiental del controvertido proyecto que incluye la construcción de una mina y un puerto industrial en La Higuera.
“Con esta orden de aprobar Dominga, el Primer Tribunal Ambiental intenta hacer algo que tiene absolutamente prohibido: decidir por la autoridad, en este caso, el Comité de Ministros. El Tribunal no puede reemplazar la evaluación de la viabilidad de este proyecto, que es exclusiva competencia de la autoridad administrativa”, destacó Marcos Emilfork, coordinador jurídico de ONG FIMA y representante de la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, entre otros.
Añadió que “ante este exceso de atribuciones, el sistema jurídico ofrece recursos, por lo que buscaremos la rectificación de esta grave falta”.
“Lo que estamos observando es sin precedent. Estamos presenciando cómo el Tribunal Ambiental asume competencias que no posee, ignorando su mandato especial en materias ambientales y ordenando la aprobación de Dominga a través de rutas inexistentes en el marco jurídico, lo cual es extremadamente serio, ya que socava el Estado de Derecho”, declaró Alejandra Donoso, abogada directora de Defensoría Ambiental, quien representa a diversas comunidades locales que se oponen al proyecto minero-portuario de Andes Iron.
“Vamos a presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema para que corrija esta situación y ordene al Tribunal Ambiental de Antofagasta que se ajuste a la Ley, ya que se está poniendo en riesgo la legalidad del sistema, lo que merece ser cuestionado”, concluyó Donoso.
Por otra parte, Oceana, una organización dedicada a la conservación marina, acusó al tribunal de favorecer continuamente a Andes Iron.
“Desde el inicio hemos observado cómo este Tribunal ha hecho todo lo posible para aprobar Dominga, sobrepasando sus competencias y desconsiderando su mandato de protección ambiental”, expresó Liesbeth van der Meer, Directora Ejecutiva de la ONG en Chile.
Es importante recordar que el fallo anterior del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta fue impugnado ante la Corte Suprema por irregularidades, y desde Alianza Humboldt reiteraron su compromiso de seguir defendiendo el ecosistema del archipiélago, así como a las comunidades que habitan en la zona y se oponen al megaproyecto minero-portuario Dominga.
El Gobierno apelará la decisión del Tribunal Ambiental
El ministro (s) de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, comunicó que el Gobierno presentará una apelación al fallo del Primer Tribunal Ambiental, argumentando que el Comité de Ministros revisó su composición, se reunió y tomó una decisión alineada con la ley.
“Utilizar las herramientas de defensa que ofrece nuestro sistema jurídico a todos los ciudadanos, empresas y al Estado es un derecho, y ejerceremos ese derecho”, manifestó el secretario de Estado.
A través de un video, Proaño indicó que “en relación a la resolución, como Ministerio estamos analizando su contenido, pero hay aspectos que ya llaman la atención”.
“Por ejemplo, se obliga al SEA, como secretaría técnica, a pronunciarse para alterar una decisión del Comité de Ministros, lo cual excede sus competencias”, explicó la autoridad.
Señaló que en los próximos días, el SEA presentará un recurso de apelación que sostiene que tanto la sesión del Comité de Ministros del 23 de diciembre de 2024 como la del 8 de enero de este año cumplieron con el fallo de diciembre del Primer Tribunal Ambiental.
Proaño recalcó que “el Comité de Ministros se reunió, revisó su composición y tomó una decisión respecto al proyecto Dominga en cumplimiento de la ley y de la sentencia del propio Tribunal Ambiental”.
“Proteger el Medio Ambiente también representa una inversión. Este es un Gobierno comprometido con la protección ambiental y con las personas. Creemos firmemente que es posible conciliar la protección ambiental con el crecimiento económico, y estamos trabajando para lograrlo”, concluyó Proaño.
Con Información de www.elciudadano.com