El caso de Tomás Bravo ha tomado un giro inesperado tras la reciente absolución de su tío abuelo, Jorge Escobar, y las declaraciones que cuestionan la conducta del exfiscal jefe de Arauco, José Ortiz. El Ministerio Público ha confirmado que Ortiz enfrenta un sumario administrativo y actualmente no desempeña funciones. Esto ocurre después de que Escobar acusara a Ortiz de ofrecerle un acuerdo para que se inculpara.
Un testimonio clave proviene de la médico forense Carla Aldana, quien, bajo juramento, aseguró que Ortiz le solicitó modificar el informe de autopsia del menor. Según T13, Aldana declaró: “El fiscal me pidió que cambiara la causa de muerte de indeterminada a asfixia”. Pese a las insistencias del fiscal, Aldana se negó a alterar el documento.
El caso, criticado por su manejo desde el principio, enfrenta ahora más cuestionamientos ante las acciones de Ortiz. Otro hecho relevante es el testimonio de Óscar Alvarado, ex jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción, quien reveló que la detención de Escobar fue ordenada incluso antes de realizar cualquier examen forense al cuerpo del niño.
Según Alvarado, la decisión de arrestar a Escobar se tomó sin contar con evidencia suficiente, y a través de un mensaje, Ortiz habría indicado que un homicidio simple justificaba esta acción. Este testimonio plantea serias dudas sobre la dirección de la investigación desde sus inicios, marcada por un enfoque cuestionable y un gran protagonismo mediático que ha influido en el desarrollo del caso desde entonces.
Con Información de factos.cl
