Por Claudia Molina B.| Factos
Un escándalo judicial y político estalla en el país tras la sorprendente liberación de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, un ciudadano venezolano acusado del homicidio calificado de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”. El asesinato, ocurrido el 19 de junio en Ñuñoa, estaría relacionado con una transacción por 30 millones de pesos, y la víctima era un empresario del comercio informal en esa zona de la capital.
Ferrer Ramírez fue arrestado el 9 de julio y formalizado como sicario en el crimen. La jueza Irene Rodríguez, del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, inicialmente impuso prisión preventiva al imputado. Sin embargo, solo 10 minutos después, una orden de la misma jueza anuló la medida y ordenó su liberación.
El documento que permitió su excarcelación es legítimo y tiene un código QR válido, pero el Poder Judicial informó que hubo un “error en la identificación del imputado”. A las 20:17 horas de ese día, Ferrer fue ingresado como detenido con prisión preventiva, pero a las 20:25 se emitió una orden que revocó esa medida. A las 20:28, el Juzgado volvió a ordenar su arresto y prisión preventiva; sin embargo, Gendarmería recibió la documentación al día siguiente, lo que permitió que Ferrer se convirtiera en prófugo.
El caso cobró relevancia este lunes 14 de julio, cinco días después de su liberación. En una reunión de emergencia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, se encontró con el fiscal nacional Ángel Valencia y la presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich. La máxima autoridad del Ministerio Público anunció que interrogará a la jueza Rodríguez para aclarar lo sucedido.
Además, el Poder Judicial y Gendarmería iniciaron sumarios internos para identificar responsabilidades en la serie de errores que llevaron a la libertad del imputado. La investigación criminal fue encomendada a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
Este escándalo reaviva críticas anteriores a la jueza Rodríguez. En 2017, el fiscal nacional Jorge Abbott calificó como “un error” su decisión de declarar ilegal la detención de 17 carabineros involucrados en un megafraude policial, facilitando también su liberación.
La liberación de un presunto sicario vinculado al crimen organizado y, específicamente, al Tren de Aragua, vuelve a abrir el debate sobre la fragilidad del sistema judicial chileno frente a organizaciones criminales transnacionales. La pregunta persiste: ¿error administrativo o corrupción?
Con Información de factos.cl
