Yasna Anabalón, Directora del Magíster Interdisciplinario para el Acompañamiento de Personas Autistas, Universidad de Las Américas
La reciente denuncia por agresiones a un funcionario con autismo en el Hospital San Borja Arriarán plantea serias dudas sobre nuestra ética. Estos incidentes no son casos aislados ni simples bromas: existen registros que evidencian humillaciones y se está llevando a cabo un sumario administrativo. Como sociedad, no podemos permitir que alguien tenga que elegir entre su trabajo y su dignidad.
La neurodiversidad, considerada una parte integral de la condición humana, nos obliga a repensar las prácticas y culturas que asocian la diferencia con debilidad o incapacidad. Lo sucedido refleja una ausencia de mecanismos efectivos para prevenir, denunciar y reparar. El silencio institucional y la falta de protocolos inclusivos son, a su vez, formas de violencia que requieren respuestas desde un enfoque interdisciplinario, donde se integren el derecho, la salud, la psicología y el Trabajo Social para crear garantías efectivas. Es fundamental transformar estructuras, sensibilizar a las comunidades y desarrollar políticas públicas que aseguren la dignidad y el respeto para todas las personas neurodivergentes.
Bajo la perspectiva de la neurodiversidad, el enfoque debe ir más allá del diagnóstico y centrarse en el derecho a existir y trabajar en un entorno seguro. Las instituciones deben ser, ante todo, espacios que garanticen la seguridad de todos. Si fallan en proteger a sus empleados y a quienes reciben atención en los centros de salud, se socava la confianza social y se daña el tejido ético de nuestra convivencia.
Para abordar este caso de manera efectiva, necesitamos una perspectiva verdaderamente interdisciplinaria. Los derechos laborales, las normativas de protección, las sanciones y los aportes de la psicología y la salud mental son fundamentales para ofrecer acompañamiento y contención. La medicina laboral establece criterios de prevención en el entorno laboral, mientras que el Trabajo Social ofrece una visión comunitaria que relaciona las experiencias individuales con estructuras más amplias. Solo a través de esta combinación de saberes se podrán construir respuestas integrales y efectivas.
El rol del Trabajo Social es esencial: permite visibilizar vulneraciones, dar voz al sufrimiento y acompañar procesos de reparación que trasciendan lo penal, abordando también el daño a la comunidad y a la familia afectada. La academia, por su parte, tiene la responsabilidad ética de ofrecer formación crítica y propuestas concretas de políticas públicas que garanticen inclusión y justicia.
Este caso nos recuerda que la dignidad no es un asunto negociable. Como sociedad, debemos reconocer que la diferencia no representa una amenaza, sino una riqueza. El respeto por los derechos humanos de las personas neurodivergentes no puede continuar siendo un tema postergado, sino que constituye una urgencia ética que requiere compromiso institucional, voluntad ciudadana y colaboración entre distintas disciplinas.
Con Información de chilelindo.org
