El abandono judicial del Servicio Nacional de la Mujer (SernamEG) parece haber facilitado que Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo, obtuviera su libertad condicional.
Según informa Radio Biobío, este año se destituyó a Beatriz Ramírez Díaz, la abogada que representó a Rifo durante el proceso judicial, y no se asignó a otra profesional para continuar con el caso.
Como resultado, nadie del servicio pudo asesorar a Nabila, quien no fue escuchada en la audiencia que determinó la libertad de su agresor.
De acuerdo con la misma fuente, los problemas se originan a finales de septiembre, cuando el Juzgado de Garantía de Coyhaique notificó a la abogada sobre la solicitud del condenado. Sin embargo, Ramírez no ha podido acceder al correo institucional del SernamEG desde hace cinco años, donde se envió la notificación del tribunal.
En 2016, tres días después del ataque, la abogada estaba actuando en representación de la madre de la víctima y presentó una querella por homicidio calificado frustrado. Desde agosto de ese mismo año, fue la única abogada que defendió a Nabila hasta la sentencia de Ortega.
No obstante, en 2019, Ramírez fue suspendida durante un sumario, dejando de tramitar este y otros casos, y se le bloqueó el acceso a sus cuentas institucionales, incluyendo el correo registro en el expediente de Nabila.
Los archivos del Juzgado de Garantía de Coyhaique indican que, tras la ratificación de la sentencia de Ortega, las notificaciones continuaron llegando a la dirección de correo de la abogada suspendida.
Hasta 2025, el tribunal notificaba a Ramírez. En total, se enviaron tres comunicaciones a ese correo bloqueado respecto a la solicitud de libertad condicional de Ortega.
Según el decreto de ley que regula este beneficio, las víctimas tienen cinco días para expresar su opinión sobre la solicitud, pero en el caso de Nabila, esto no ocurrió.
La primera notificación a Beatriz llegó el 19 de marzo, tras la primera petición de Ortega. Luego, se notificó el rechazo a sus intenciones. La tercera comunicación se produjo el 24 de septiembre, cuando el condenado hizo una nueva solicitud.
A pesar de que en el expediente judicial se señala que Nabila fue notificada, ella ni el SernamEG asistieron a la audiencia del lunes, donde no hubo oposición a la liberación de Ortega. Personas cercanas al caso indican que el organismo nunca solicitó la actualización del correo institucional asignado al asunto.
Desde el SernamEG reconocen que no brindaron apoyo a la víctima desde la notificación. «No tuvimos conocimiento de la solicitud presentada por el condenado para acceder a este beneficio penitenciario, por lo que no pudimos ejercer los derechos que le correspondían», afirman.
Desde el organismo explican que «en casos cerrados, no hay traspaso. Representamos a la víctima hasta el último proceso, incluso apelamos por el cambio de tipificación de femicidio frustrado a lesiones graves gravísimas. Una vez terminado, lo que sigue es el cumplimiento penitenciario, y en ese contexto, el condenado solicitó beneficios carcelarios».
El medio señala que el SernamEG se enteró de la solicitud solo una vez que fue aprobada. «Ni la víctima ni el servicio fueron debidamente notificados», concluyen.
Con Información de www.lanacion.cl
