El Ministerio de Justicia ha enviado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) las conclusiones del análisis administrativo de la Fundación ProCultura, solicitando el inicio de acciones para disolver definitivamente la entidad.
Según informó La Tercera, se determinó que la fundación, establecida en 2010 por Alberto Larraín, Ilonka Csillag y Dolores Casanova, no cumplió de manera integral los requerimientos solicitados durante el procedimiento iniciado por el organismo el 29 de junio de 2023.
Además, los funcionarios que realizaron visitas a los domicilios registrados no fueron atendidos adecuadamente.
En la solicitud dirigida por el subsecretario Ernesto Muñoz al presidente del CDE, Raúl Letelier, se alertó sobre el posible desvío de fondos destinados a programas y proyectos, que fueron utilizados para el pago de remuneraciones y honorarios.
Entre 2018 y 2022, el 70,35% de los gastos de ProCultura se destinaron a remuneraciones y honorarios, mientras que solo el 29,65% se orientó a cumplir con su mandato social.
Los antecedentes recopilados por el Ministerio de Justicia revelaron que la Fundación violó severamente sus estatutos, “desnaturalizando su propósito al ser considerada como un patrimonio destinado a un fin diferente al enriquecimiento de sus miembros, mostrando una falta de coherencia entre sus objetivos y las actividades realizadas para cumplirlos”.
Asimismo, se mencionaron incrementos periódicos y sin justificación en las remuneraciones de ciertos cargos directivos dentro de los proyectos adjudicados a la Fundación, así como en los ingresos de directivos y fundadores, exceptuando a Casanova.
Por ejemplo, la renta de Alberto Larraín se incrementó de $29.700.000 en 2018 a $94.445.764 en 2022, sumando en total $267.779.612 en cinco años.
Ilonka Csillag, por su parte, recibió $149.661.333 entre 2017 y 2022, a pesar de haber estado fuera de la entidad en un período. Mientras tanto, María Constanza Gómez, quien fue representante legal de la Fundación, incrementó su sueldo de $950.000 en enero de 2017 a $4.500.000 a finales de 2022.
El director de proyectos, José Gatica, vio su salario aumentar de $1,2 millones en 2017 a $3,5 millones en diciembre de 2022. La directora de Estudios, María Teresa Abusleme, también experimentó un aumento en su remuneración, de $1,2 millones a $3,5 millones, en un periodo de dos años, entre julio de 2020 y julio de 2022.
Ante esta situación, el escrito del subsecretario Muñoz señala que “al analizar todos los antecedentes proporcionados por la fundación, especialmente los mencionados anteriormente, se infiere que la misma ha destinado su esfuerzo y patrimonio a actividades diferentes a aquellas para las cuales fue creada, descuidando así su objeto social, lo que ha generado una desproporción entre los gastos en personal y honorarios y las actividades vinculadas directamente a su misión social”.
“Esta Subsecretaría de Justicia no tiene la autoridad para determinar un abuso del derecho, lo cual corresponde a instancias jurisdiccionales; sin embargo, se puede concluir, basándose en la información del expediente, que su conducta—específicamente el uso considerable de su patrimonio en pagos a personas vinculadas a la entidad, como fundadores y ex directores, así como el incremento constante en estos montos y la dirección continua de estos fondos hacia remuneraciones—no se alinea con la naturaleza jurídica de una Fundación, ya que su actuación es incompatible con el ethos de una fundación de beneficencia pública”, se concluyó.
Con Información de www.lanacion.cl
