En una reunión llevada a cabo entre Michel-Ange Joseph, presidenta del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Servicio Nacional de Migraciones, SERMIG, y David Arboleda, consejero nacional, se discutieron con representantes de diversas organizaciones, como Rompiendo Barreras (Antofagasta), la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, Ampro Tarapacá, el Movimiento Acción Migrante de la Región Metropolitana y Migrantes de los Ríos, las “graves deficiencias en la atención a las comunidades migrantes y solicitantes de refugio, y el abandono de funciones del Estado en materia de derechos humanos”.
Desde Valdivia, Grace Arango (Migrantes de los Ríos) denunció la falta de un director titular en SERMIG así como la escasez de apoyo desde la oficina municipal, que actualmente comparte funciones con el área de pueblos originarios. Las organizaciones expresaron que el servicio brindado es “pobre y sin eficiencia”, dejando a cientos de migrantes sin la orientación ni el acompañamiento necesarios.
En Antofagasta, Elizabeth Andrade y Alexis Contreras (Rompiendo Barreras) destacaron que la situación es igualmente crítica, mencionando la ausencia de un director titular en la oficina regional, el bloqueo de las plataformas digitales y la inaccesibilidad de los horarios de atención. Las organizaciones locales manifestaron su preocupación por la falta de atención directa y el sentimiento de abandono institucional.
Hilary Alvarado (AMPRO Tarapacá) en Iquique, refirió que las denuncias eran particularmente preocupantes, incluyendo el hecho de que se reportaron reconducciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas sin una evaluación adecuada de su vulnerabilidad ni la coordinación necesaria con los sistemas de protección de la niñez y la salud. Además, mencionaron que un funcionario de la productora 370, contratada por el Estado para gestionar a migrantes en situación irregular, está siendo procesado por cohecho y violación contra dos mujeres migrantes bolivianas. También se allegations de que la PDI negaría el ingreso a personas que buscan solicitar refugio, impidiendo el inicio formal de este proceso.
Eduardo Cardoza (MAM Región Metropolitana) expresó su inquietud por las modificaciones propuestas en la legislación chilena que permitirían a las fuerzas armadas controlar las fronteras, lo cual debería ser una función de la PDI. También se mostró preocupado por los posibles efectos negativos de futuros proyectos de ley que afectarían los derechos de las comunidades migrantes en diversas regiones.
Llamado urgente
Ante esta situación, los representantes de las organizaciones solicitaron con urgencia la activación del SERMIG en terreno, la creación de mecanismos de coordinación interinstitucional efectivos entre la PDI, el SERMIG, la Subsecretaría de la Niñez y los servicios de salud, así como un pronunciamiento inmediato del COSOC ante estas violaciones.
Los consejeros nacionales presentes coincidieron en la necesidad de fortalecer el rol del COSOC para influir públicamente y exigir respuestas institucionales. Subrayaron también la importancia de implementar una política migratoria centrada en los derechos humanos, el enfoque de género y la protección integral.
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