Más de 80,000 funcionarios públicos cuentan con múltiples contratos con el Estado, según un informe.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una fiscalización extraordinaria que detectó 81.112 casos de funcionarios con registros en más de un organismo público. Este análisis abarcó la administración central, municipalidades y corporaciones municipales.

El proceso se llevó a cabo entre marzo y diciembre de 2024, revisando la Transparencia Activa de septiembre de 2023 de 787 instituciones públicas, que incluyen 390 del Gobierno Central, 345 municipalidades y 52 corporaciones municipales.

Entre los aspectos analizados se encuentran las planillas de personal y remuneraciones bajo las modalidades de planta, contrata, honorarios y Código del Trabajo.

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DEL CPLT

La revisión indicó que, del total de funcionarios con múltiples registros, el 80 % tiene dos registros y el 20 % posee tres o más73 % de los casos se presenta dentro de la misma institución, siendo las municipalidades y el sector educación las de mayor incidencia.

Un 27 % corresponde a funcionarios con registros en dos o más instituciones distintas, predominando la combinación entre municipios y Administración Central (10 % del total).

En términos de modalidades de contratación, el 20 % posee múltiples contratos a honorarios, el 19 % combina contrata y honorarios, y el 18 % tiene más de un registro a contrata, lo que suma un 57 % de los casos.

De acuerdo con el CPLT, “aunque la multiplicidad de registros contractuales no es necesariamente irregular, en algunos casos podría indicar potenciales incompatibilidades”, especialmente cuando un funcionario con cargo de planta mantiene contratos adicionales sin claridad sobre la compatibilidad de horarios.

Se encontró un caso notable de un profesional con hasta 11 contratos a honorarios simultáneos en municipalidades, con remuneraciones mensuales que superan los $16 millones.

OTROS REGISTROS

El informe también identificó situaciones de alcaldes y jueces de policía local que tienen cargos en otras instituciones, aunque con permisos sin goce de sueldo, lo cual es permitido por la legislación actual.

En una muestra de 79 SAI, la fiscalización reveló 17 que no respondieron o lo hicieron parcialmente. También se encontraron errores en la información, falta de derivaciones necesarias, entrega de datos personales sensibles sin anonimizar y respuestas inconsistentes con lo publicado en Transparencia Activa.

Con Información de www.lanacion.cl

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