Más de 4,000 familias en la región de Valparaíso enfrentan la posibilidad de perder sus hogares debido a los desalojos que se están llevando a cabo en varios campamentos, como el cerro Centinela en San Antonio y Lajarilla en Viña del Mar.
Frente a esta preocupante situación, el Movimiento Transformar emitió una declaración pública instando al Estado de Chile y a sus instituciones a buscar una solución pacífica a un conflicto que se ha prolongado durante años y que afecta a más de 10,000 personas.
Hicieron un llamado a “evitar más violencia que pueda ser lamentada por la sociedad”.
En su declaración, el Movimiento propone regularizar estas ocupaciones mediante la compra de los terrenos a sus propietarios a un precio justo, buscando así un acuerdo entre las partes en conflicto. El objetivo es “hacer frente a un problema real, como es la falta de vivienda, a través de políticas públicas que aborden la realidad”.
Además, desde el movimiento se refirieron al acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el Congreso tras el fallo de la Corte Suprema para rescatar a las isapres, y expresaron la necesidad de promover un acuerdo similar para este conflicto.
“Si ha habido un acuerdo para salvar a siete isapres, lo mínimo que se debe hacer es buscar una solución para proteger a más de 4,000 familias que se quedarán sin hogar”, afirmaron.
La dirección nacional de la organización anunció que enviará una carta al Presidente Gabriel Boric y al ministro de Vivienda, Carlos Montes, y oficiará, a través del diputado Hernán Palma (IND-bancada Humanista), a diferentes servicios públicos de la región de Valparaíso involucrados en la resolución del conflicto.
Desalojos: Más que un tema legal, un problema humanitario
Dado el riesgo en el que se encuentran miles de familias afectadas por los desalojos, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, destacó la necesidad de buscar soluciones humanitarias y sostenibles para afrontar esta problemática.
El ministro se refirió específicamente a la situación en la megatoma del cerro Centinela en San Antonio, que tiene programado su desalojo para el 27 de febrero.
Esta acción, confirmada por un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, impacta a más de 10,000 personas que residen en 4,136 viviendas.
Al respecto, el ministro Montes subrayó que, aunque el Estado debe acatar la decisión judicial, este proceso requiere una atención social adecuada.
“Acatamos lo que dicen los tribunales, pero eso no implica que no tratemos de buscar soluciones… No se trata solo de un asunto legal, es un problema humanitario. El Estado tiene la responsabilidad de proteger especialmente a los niños y a los ancianos”, aseguró tras una reunión en La Moneda, en la que también participaron el subsecretario del Interior, Luis Cordero, y otras autoridades.
El ministro de Vivienda informó que se han elaborado cinco informes sobre el terreno y se está evaluando una solución que incluya a las familias a través de la creación de cooperativas para la compra de los terrenos.
“Este fin de semana está programada una reunión para avanzar en la formalización de estas cooperativas”, anunció.
Con respecto a la situación en la megatoma del cerro Centinela, el secretario aclaró que el 27 de febrero marca el inicio del proceso, pero no es una fecha definitiva para el desalojo de las familias.
“Se prevé una ejecución gradual y coordinada con los organismos implicados”, enfatizó, según ADN.
Además, indicó que el próximo lunes 24 de febrero se llevará a cabo otra reunión con los propietarios y la Municipalidad de San Antonio, con el fin de intentar llegar a un acuerdo que facilite un desarrollo ordenado del proceso.
Sobre la magnitud del problema que enfrenta el país, que cuenta con 1,432 campamentos y más de 100,000 familias afectadas, el representante del Gobierno afirmó que “la forma en que resolvamos esta situación puede establecer un precedente positivo o generar más conflictos”.
Con Información de www.elciudadano.com