El ministro de Hacienda, Mario Marcel, minimizó el impacto del reciente informe de la Contraloría General de la República, que detectó irregularidades por un total de US$1.600 millones en diversas instituciones del Estado, como ministerios, municipalidades, universidades estatales y Carabineros.
El secretario de Estado señaló que solo el 2,6% de esa cifra, es decir, US$17,5 millones, corresponde a recursos que deben ser reembolsados al erario público o debidamente respaldados. Consideró que este porcentaje es bajo frente al tamaño del aparato estatal.
Marcel subrayó que «no se trata de fondos perdidos,» aclarando que la mayoría de las observaciones son debidas a problemas administrativos o de documentación que son solucionables. También rechazó la idea de que los hallazgos sean exclusivos del actual gobierno, a pesar de que este incumplió las metas fiscales para 2024.
El titular de Hacienda afirmó que el volumen total de observaciones es normal dado el tamaño del Estado, y reafirmó que solo una pequeña parte requerirá la restitución de fondos.
Sin embargo, el informe ha suscitado críticas en el ámbito empresarial. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, mencionó que el monto cuestionado podría haber permitido una disminución de hasta tres puntos en el impuesto corporativo. No obstante, expertos como José Antonio Valenzuela, del Centro de Estudios Pivotes, matizaron que dichas observaciones no necesariamente conllevan a una mayor holgura fiscal.
Según la Contraloría, el 70% de los recursos observados pertenece al Gobierno Central, mientras que el 30% restante se distribuye entre municipalidades y gobiernos regionales. Esta situación ha revitalizado el debate sobre la necesidad de fortalecer la capacidad de fiscalización del organismo, tanto en términos de recursos humanos como de herramientas de control preventivo.
En el Congreso se están considerando proyectos de ley en este sentido. El presidente del Senado, José Manuel Ossandón, mencionó que la contralora Dorothy Pérez le presentó un documento con propuestas de reforma para fortalecer el papel fiscalizador de la entidad.
Por su parte, la ministra vocera del Gobierno, Aisén Etcheverry, instó a no utilizar el informe «con fines políticos» y criticó las «interpretaciones al estilo de las motosierras argentinas,» refiriéndose al discurso del presidente Javier Milei.
Con Información de hoysantiago.cl
