Por Christian Slater E., coronel (R) del Ejército
Es lamentable y preocupante observar el nivel de ciertos candidatos presidenciales que, en lugar de enriquecer el debate público, optan por frases efectistas y propuestas irresponsables, utilizando un lenguaje que no corresponde a quienes aspiran a liderar el país. Más alarmante aún es ver cómo un sector de la ciudadanía celebra estas intervenciones poco serias, sin reconocer el peligro de confiar en quienes convierten la política en un espectáculo.
Parece que cada candidato atrae a votantes que reflejan su propia visión. Sin embargo, impresiona la facilidad con la que un discurso simplista y emocional seduce a quienes carecen de la educación, el criterio o la experiencia para discernir entre una propuesta seria y un acto puramente demagogo.
Recientemente, un candidato declaró que ordenaría el despliegue de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad interna y destituyó a cualquier alto mando que no siguiera sus instrucciones, utilizando un lenguaje inapropiado para referirse a almirantes y generales. Frente a esto, es fundamental esperar —e incluso exigir— una respuesta clara de la Ministra de Defensa. Su silencio en este contexto podría constituir una señal alarmante respecto al respeto institucional que el país necesita.
Este episodio también brinda la oportunidad de recordar algo que parece haberse olvidado en el debate público: es el poder político, no los militares, quien ha fallado en asumir su responsabilidad de crear Reglas de Uso de la Fuerza que sean claras, modernas y adecuadas. Esta omisión deja a nuestros soldados y carabineros vulnerables a la inseguridad jurídica, al riesgo personal y a la posible persecución tras actuar en defensa del orden público.
Exigir que un general, un almirante o cualquier mando operativo ordene a su personal salir a la calle sin el respaldo legal, político y judicial correspondiente no solo es irresponsable, sino que equivale a pedirles que traicionen su deber primordial: proteger la integridad y la vida del personal a su cargo. Ningún comandante serio enviaría a su gente a una misión sabiendo que no cuenta con el apoyo del poder político, que podría ser cuestionada por el poder judicial y que necesariamente enfrentará múltiples denuncias ante organismos de derechos humanos.
¡No, señores! Asuman su responsabilidad, tal como lo establece la Constitución: el poder político es el responsable del destino del país, no los militares. La seguridad, el orden público y el marco jurídico que los regula son tareas que no pueden delegarse, y no un recurso para culpar a las Fuerzas Armadas cuando las decisiones políticas son inadecuadas.
Chile necesita un debate serio, responsable y con visión de futuro. La ciudadanía merece soluciones, no bravatas de campaña ni promesas que desvían la responsabilidad hacia aquellos que, por mandato constitucional, deben mantenerse al margen de la contienda política.
Con Información de www.elperiodista.cl
