Por Santiago Escobar Sepúlveda y el equipo de investigación de Desenfoque.cl
La manipulación de los procesos judiciales, ya reconocida como una realidad preocupante en Chile, está dañando seriamente el Estado de Derecho. Erosiona la certeza jurídica como un bien público esencial y socava la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que es una garantía constitucional. Sin embargo, se ha avanzado poco o nada en su investigación, lo que resulta alarmante para la seguridad nacional del país.
Hoy en día, es común ver juicios civiles, laborales o querellas que se superponen, facilitando que abogados expertos utilicen las formalidades procesales para diluir la justicia efectiva. Se aprovechan de la discrecionalidad de los tribunales y organismos de fe pública involucrados, distorsionando el tiempo judicial como un elemento que alimenta la incertidumbre, ya sea retrasando o acelerando el curso de los procesos.
Esta situación se origina en gran medida en el diseño institucional del sistema de justicia y sus procedimientos, donde predomina una noción superficial de la autonomía de poderes, sin un enfoque real en la convergencia de criterios y funcionalidad que la complejidad de la realidad actual exige. Esta visión simplista da lugar a zonas grises en la administración de las instituciones y a la burocratización de los procedimientos que les corresponde, resultando en el fracaso de los sistemas de equilibrio y control cruzado, fundamentales para garantizar legalidad, legitimidad y equidad en la administración de justicia. Un ejemplo clásico de caos se encuentra en las investigaciones de la Contraloría y el Ministerio Público, así como en la activación de los órganos judiciales, que en muchas ocasiones actúan sin supervisión, salvo la de la opinión pública.
De esta problemática surgen en ocasiones querellas de competencia en lugar de soluciones concretas de controversias que podrían transformarse en orientaciones generales de interpretación compartida (convergencia). Normalmente, los organismos prefieren apartarse y refugiarse en su estatuto de manera privativa, lo que desvirtúa el principio de sincronía constitucional e institucional en la administración del Estado.
La necesaria convergencia interpretativa u operativa no tiene que ver con la unanimidad, sino con una igualdad de principios de referencia general para cada competencia, con el fin de que la ley no sea un escudo que atente contra derechos unos sobre otros, evitando así la discrecionalidad arbitraria en el uso de instrumentos judiciales. La ocurrencia de esto, inevitablemente, conduce a la corrupción y al crimen organizado.
La captura del tráfico jurídico, especialmente el más complejo, debilita la ya frágil protección judicial en los procedimientos, cuya existencia, pobremente formulada en nuestra legislación, depende de la deducción por parte de los jueces y, en buena medida, de actuaciones administrativas. La autonomía simplista que se aplica es la raíz de los escándalos en el brazo administrativo del Poder Judicial (PJUD), representado por su Corporación Administrativa, responsable de la distribución de causas, y de toda la corrupción de magistrados que se manifiesta en arreglos de salas judiciales y compromisos con actores externos a ese Poder Judicial.
Un caso relevante.
En la historia judicial chilena, uno de los casos más emblemáticos de instrumentalización del sistema judicial ha sido la quiebra de Curauma S.A., junto con el conjunto de procedimientos y juicios que ha generado. Por su complejidad, este caso merece un estudio de caso en la enseñanza del derecho en universidades, dado la amplia variedad de materias, competencias y actores judiciales involucrados, incluidos abogados y operadores jurídicos, que lo convierten en un paradigma, aún en curso después de más de 13 años.
Dentro de la intrincada quiebra de Curauma S.A., surgió una arista penal que recientemente concluyó. Se trata de un juicio contra Manuel Cruzat Infante y su equipo de ejecutivos, motivado por una disputa sobre la apropiación de uno de los bienes más importantes de la fallida Curauma y uno de los terrenos urbanizables más valiosos de la Región de Valparaíso. La querella se presentó en junio de 2014 por presunta quiebra fraudulenta y falsedad documental en relación con la quiebra de Curauma S.A. Este proceso se extendió por casi once años, acumulando más de 150 resoluciones, numerosas audiencias suspendidas, renuncias de defensores y medidas cautelares que actuaron como un castigo anticipado para los imputados. Todo esto ocurrió en un juicio paralelo al de quiebra de Curauma S.A., solicitado por los mismos querellantes a través de medios fraudulentos en un juzgado de Santiago.
Después de años de desgaste económico, mediático y personal, la verdad judicial finalmente emergió detrás de este parapeto judicial, gracias a la tenacidad de los imputados. En el primer semestre de 2025, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dictó un sobreseimiento definitivo, concluyendo que no existían fundamentos para mantener la acusación. El expediente deja constancia de resoluciones finales que desestiman las medidas cautelares (9 de mayo de 2025) y la audiencia que selló el cierre del caso en el mismo mes, confirmando que los cargos carecían de base y que las medidas que mantuvieron a Curauma S.A. paralizada por más de una década eran desproporcionadas y no justificadas penalmente.
Es evidente que esas medidas tenían relevancia para la estrategia general de sincronizar el caso Curauma con lo que se estaba desarrollando en el ámbito civil, y con la red de instancias legales y administrativas de la cual la querella formaba parte, con el objetivo de consolidar la apropiación de esos terrenos. Este terreno representa uno de los principales activos económicos de la empresa.
Es decir, la querella mencionada solo tenía como finalidad generar un hecho «de entorno» útil al real propósito de apropiación de esos terrenos. Así, la querella impulsada por Arturo Roa Benard, Fernando Escrich Juleff, Administraciones y Proyectos EuroAmerica S.A. (una filial de EuroAmerica Seguros de Vida S.A, controlada por Nicholas Davis Lecaros y Henry Comber Sigall, quienes también son accionistas del casino Enjoy) y otros, se convirtió en una herramienta para inmovilizar y presionar a Cruzat Infante. Las acciones legales buscaban bloquear la gestión de Curauma S.A., generar incertidumbre entre acreedores e inversionistas, y forzar un escenario en el que activos valorados en más de US$500 millones pudieran ser adquiridos a precio de liquidación o mediante el control indirecto de las garantías, creando así una ganancia indebida para los operadores. Aquí hay un frágil puente entre actos de legalidad legítimos y un concurso de voluntades para engañar a la ley bajo una apariencia de legalidad en busca de un premio económico ilegítimo al final del camino.
La finalidad: Curauma como botín
El tema es un extenso terreno urbanizable en una de las zonas de mayor crecimiento proyectado del Gran Valparaíso, que representa un activo estratégico de enorme valor. Los querellantes y sus abogados —liderados por Álvaro Morales Pinto, María José Barros, Pablo Araya y otros— implementaron tácticas para impedir que Cruzat y su equipo explotaran comercialmente el proyecto, deteriorando así su posición financiera y reputacional, mientras el sistema judicial se convirtió en el escenario perfecto para ejercer presión.
Los jueces encargados del caso —Juan Fernando Opazo Lagos, María Carolina Herrera, Cecilia Villanueva, Rodrigo Carrasco y Carolina Araya— permitieron que el proceso se extendiera innecesariamente, poniendo de manifiesto que la lentitud judicial puede ser utilizada como una herramienta de desgaste y apropiación patrimonial.
El sobreseimiento definitivo dictado en 2025 cerró el proceso, pero no revocó el daño. La paralización del proyecto Curauma durante más de una década, la pérdida de oportunidades de inversión y el desprestigio público sufrido por los acusados son efectos colaterales de una justicia lenta en el contexto de una mala situación económica. Hasta ahora, recién las autoridades regionales, como la Municipalidad de Valparaíso y, potencialmente, el Gobierno Regional, han comenzado a mostrar preocupación por un tema que está en el centro de los problemas de expansión y vivienda de la Región.
Este caso ilustra que, en Chile, el uso y abuso del sistema judicial es tan peligroso como cualquier forma de corrupción abierta, cuando los tribunales permiten que el proceso se convierta en un castigo. En esos casos, la justicia deja de ser un bien público y se transforma en un instrumento para favorecer los intereses de quienes buscan ingresar lo que no pueden obtener en el mercado.
Con Información de desenfoque.cl
