Chile es una nación de soñadores, y por ello muchos teníamos la expectativa de que, tras la aprobación de la reforma de pensiones, se disiparía ese enorme y costoso lastre que ha empobrecido la vejez de chilenos y chilenas: las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Así era, una expectativa en la que creímos, impulsada por la promesa de campaña de Gabriel Boric.
Este sistema fue instaurado a comienzos de los años 80 por los Chicago Boys, quienes, respaldados por la dictadura civil-militar de Pinochet, convirtieron a Chile en un laboratorio de la economía liberal de mercado. Un sistema impuesto con coerción, publicidad y engaños. Sin opción alguna, los trabajadores se vieron obligados a despedirse del sistema de reparto, lanzándose al vacío sin ningún tipo de red o protección que atenuara el impacto.
En noviembre de 1980, durante la gestión de José Piñera como ministro del Trabajo, se promulgó el Decreto Ley 3.500, que estableció el nuevo sistema de pensiones en Chile y que comenzó a funcionar en mayo de 1981. Un dato curioso es que esta nueva legislación eximió a los miembros de las fuerzas armadas y a otros funcionarios estatales de su incorporación al sistema, quienes a su jubilación reciben, hasta hoy, 3,3 veces más que un civil en Chile, con gran parte del costo cubierto por el Estado.
Otro dato que incomoda es lo que reveló el diputado Gabriel Ascencio en una columna de 2019 publicada en cooperativa.cl, donde mencionó que “entre 2011 y 2015, este sistema privilegiado le costó al Estado 3,8 billones, equivalentes a más de cinco mil millones de dólares. Entre los beneficiados están 38 personas procesadas o condenadas por violaciones a los derechos humanos o fraudes, cuyas pensiones le cuestan al Estado $1.200 millones anuales”.
Aunque esperábamos que con esta reforma las AFP y sus propietarios estadounidenses fueran desapareciendo, el resultado final nos alejó de nuestra utopía, y nos dirigimos hacia un sistema previsional mixto, ¡ni chicha ni limonada!
De vuelta a la realidad
Regresando al presente, las empresas controladoras de las administradoras de fondos de pensiones en Estados Unidos –que incluyen a Principal (AFP Cuprum), Metlife (AFP Provida) y Prudential (AFP Habitat)– expresaron su descontento al advertir que la reforma sería aprobada, enviando una carta al presidente Boric donde mencionaban que la reforma “pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio”, insinuando que podríamos enfrentar conflictos económicos y diplomáticos.
La reforma fue aprobada, y la carta amenazante se apagó en un silencio sin réplicas. ¿Qué ocurrió?, ¿qué cambió en solo unas horas? Podríamos pensar que, al final, la reforma de pensiones fue más favorable para las AFP y de acallar los gritos de ¡Al lobo! ¡Al lobo!, volvieron a cuidar pacíficamente sus rebaños.
Aprovechando una reciente entrevista con Luis Mesina de la Coordinadora NO+AFP en Piensa Prensa, buscamos aclarar estas dudas:
A pesar de que el Estado delegó a las AFP la gestión de los fondos de pensiones de los trabajadores, sigue asumiendo el 88,12% de las jubilaciones en Chile; así es, casi el 89% del monto total de las pensiones proviene de los bolsillos de los chilenos. ¿Y cómo es esto posible? Esta es la oportunidad que aprovechan las aseguradoras.
Del total de pensiones en Chile, el Estado financia el bono por hijo, la Pensión Garantizada Universal (PGU), las pensiones de las Fuerzas Armadas y de los Carabineros, así como el antiguo sistema de pensiones, contribuyendo al 88,12%; y de lo que pagan las AFP, el Estado aporta un 64%. Aquí es donde reside el negocio para las aseguradoras: apropiarse del salario de los trabajadores para redirigirlo al sistema financiero, no a las pensiones.
Esta reforma les proporcionará aún más capital. Con el incremento de las cotizaciones, se proyecta que las AFP experimentarán un aumento del 45%, lo que podría superar los seis mil millones de dólares; capital de los trabajadores que se destinará directamente a sus carteras de inversión.
Sin embargo, esta reforma no ha cambiado nada en esencia, por el contrario, ha fortalecido un sistema de capitalización individual que ha demostrado ser un fracaso. Si debemos identificar algo positivo, podría ser que se intenta mejorar las pensiones para las mujeres –quienes han sido discriminadas por el sistema– y garantizar el acceso a la PGU a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet; pero más allá de esto, hay muy poco, lo cual es un triste resultado para gobernantes que se proclamaban de izquierda.
Triste también para millones de chilenos y chilenas que seguirán alejándose del sueño de una vejez tranquila; egoísta para aquellos que deberán continuar trabajando, agobiados y con su cabello canoso, porque no logran llegar a fin de mes; traicionero porque los intereses del capital internacional prevalecen sobre las necesidades de nuestro pueblo.
Está claro que las advertencias de las empresas estadounidenses sobre la reforma previsional y sus posibles repercusiones en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos eran solo una maniobra de distracción para confundir a la población, una táctica que ya ha sido descubierta. No olviden el tuit de José Piñera, el “padre” de las AFP, el 30 de enero, “Larga vida al sistema de capitalización individual”. Lo que beneficie a ellos no puede ser bueno para nosotros.
¿Qué podemos hacer? Informarnos, leer, aprender, para que a las instancias de poder les sea cada vez más complicado actuar sin rendir cuentas al pueblo y, por supuesto, unirnos al rechazo popular en la manifestación convocada por NO+AFP y otras organizaciones sociales el próximo 30 de marzo.
Por Félix Madariaga
Periodista
Fuentes:
Diario El Mercurio, 1 de febrero, cuerpo B página 6. Artículo: «El veredicto extranjero sobre la reforma de pensiones en Chile».
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2025/01/30/1155878/que-gano-cada-sector-pensiones.html
https://www.elmercurio.com/blogs/2025/01/17/122285/reforma-de-pensiones.aspx
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