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Por Guillermo Correa
Tal como se reflejaba en un cartel en la manifestación de hoy en Valparaíso, “Las tomas no son el problema, sino una parte de la solución”. A lo largo de la historia, las tomas de terreno han desempeñado un papel crucial en la resolución de la crisis habitacional en nuestro país.
Numerosas comunidades emblemáticas se han formado y desarrollado gracias a la acción directa de sus habitantes, trabajadores y familias sin hogar que, ejerciendo su derecho legítimo a una vivienda digna, decidieron tomar las riendas de su situación de manera autogestionada.
Un claro ejemplo es la población Glorias Navales en Viña del Mar. Su crecimiento y consolidación se originaron en la toma de terrenos llamada Salvador Allende a comienzos de los años setenta, convirtiéndose en la población Salvador Allende durante el gobierno de la Unidad Popular. Posteriormente, durante la dictadura, su nombre original fue cambiado.
La emblemática población mencionada se encuentra cerca de la toma Edén de Lajarilla, en Reñaca Alto, donde sus habitantes llevan a cabo diversas acciones legales, movilizaciones y protestas, defendiendo su derecho a la vivienda y evitando ser desalojados de un lugar donde han construido una comunidad y sus hogares con gran esfuerzo.
El lunes 17 de febrero, al mediodía, los residentes organizaron una movilización que comenzó con una concentración y un punto de prensa frente a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, seguido de una marcha por las calles de la ciudad, que los llevó primero al Serviu y luego a la Gobernación de Valparaíso.
Durante el punto de prensa, Carlos, un habitante de la toma, compartió lo siguiente:
“Soy un poblador más de nuestra toma y no es un secreto que nuestra organizadora sufrió represalias por parte de este poderoso sistema económico al que nos estamos enfrentando, llegando al punto de tener que abandonar su hogar junto a sus tres hijos debido a esta presión judicial.”
“Queremos aclarar que esta no es una lucha entre chilenos y migrantes que vienen a robar tierras, sino la lucha de trabajadores, amas de casa y jubilados que viven con pensiones mínimas, enfrentando a alguien que supuestamente los estafó. Nos sorprende cómo han ocurrido estos hechos, cómo los terrenos fueron negociados y no hubo intervención de nadie, lo que nos lleva a sospechar de un ‘presunto fraude’.”
“Aquí están nuestros pobladores, nuestros niños, y nuestra exigencia es hacia las autoridades. En Chile, el problema de la falta de viviendas, que supera las 600.000 unidades, es conocido por todos.”
“Ahora, les pregunto a todos ustedes, periodistas y oyentes, ¿se soluciona la falta de 600.000 viviendas con acciones de desalojo?”
“Con solo un pedazo de tierra, nuestros residentes construyen dignas casas en menos de un año. Y los números sorprenden cuando sabemos que el Gobierno destina millones para la construcción de viviendas sociales que, en su mayoría, no cumplen las necesidades básicas de una familia.”
“Detrás de estos números hay familias, niños y abuelos. Las pancartas que sostienen son las voces de sus padres. Los consultamos sobre lo que querían escribir y ahí está el reflejo de su visión.”
“Hacemos un llamado a las instituciones; no queremos que nos den nada, ya que no hemos recibido ni un tornillo, ni una cercha para nuestras casas. Todo ha sido costeado de nuestro bolsillo. Lo que pedimos es que las autoridades actúen como intermediarias y negocien con el sector privado.”
“El año pasado nos reunimos con el abogado Del Villar y presentamos una propuesta de tasación privada del terreno, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta.”
“Dejamos claro al señor Massú que todo lo que ha sucedido es porque él es el único responsable. Se llegó a un acuerdo verbal donde él aseguró que nos cedería el terreno, bajo la condición de que no se tomaran las demás parcelas. Esto fue un arduo proceso.”
“Hemos acudido a todas las instituciones buscando garantizar la seguridad de nuestros niños ante el desalojo. Si esto sucede, queremos que se haga en condiciones adecuadas, para que nuestros ancianos y niños no sufran psicológicamente. Hasta ahora, nadie se ha comunicado con nosotros.”
“El 10 de febrero recibimos un aviso sobre el desalojo, pero entre el 10 y el 15 no hubo respuesta de las instituciones que han estado inactivas en este último trienio.”
“El 17 de febrero, el fallo postergó el desalojo, no porque las instituciones intercedieran, sino porque nosotros interpusimos un recurso de protección por una residente de 73 años que se encuentra sola y enferma.”
En la misma conferencia, el abogado Gustavo Burgos, quien representa a los pobladores, expresó:
“Soy Gustavo Burgos, abogado de la toma Edén de Lajarilla, que lleva tres años en Reñaca Alto, a cerca de 90 familias; más de 400 personas residen allí desde febrero de 2022. Muchos de ellos llegaron allí tras ser invitados por el propietario, José Massú Márquez, y algunos realizaron pagos significativos por esa instalación, bajo el compromiso de cuidar las propiedades cercanas.”
“Sin embargo, a pesar de este acuerdo, el señor Massú solicitó en marzo un recurso de protección para reclamar la restitución del inmueble, alegando usurpación, lo cual contradice el acuerdo establecido en asamblea. La Corte de Apelaciones de Valparaíso desestimó esta petición por considerarla improcedente.”
“El rechazo de la Corte se fundamenta en que el supuesto afectado, Patricio Peñaloza Zabala, ya no estaba en el lugar, por lo que la solicitud carecía de objeto.”
“Este razonamiento fue apelado por Massú, y la Corte Suprema decidió acoger su recurso, ordenando el desalojo.”
“Sin embargo, hay un problema relevante: muchos de los actuales habitantes llegaron después de que se presentó este recurso, por lo que su desalojo no debería afectarles. Hasta ahora, no hemos encontrado ninguna presentación por parte de los pobladores en el juicio que defienda sus derechos.”
“Nosotros hemos decidido presentar dos acciones: la primera, una querella por estafa contra Massú, quien ha obtenido beneficios económicos al engañar a los pobladores, y en segundo lugar, un recurso de protección para suspender el desalojo.”
“Quiero destacar que los medios han presentado esta toma como un foco de delincuencia, señalando erróneamente que es un problema entre chilenos y migrantes, cuando en realidad es una situación que involucra a un grupo de trabajadores y familias que han hecho un esfuerzo enorme por construir sus hogares.”
“Invitamos a la prensa a visitar la toma y ver la vida comunitaria que hemos construido, que incluye a más de 80 niños y personas mayores. Necesitamos que las instituciones se hagan responsables y atiendan a estas familias que han tomado en sus manos la resolución de su situación habitacional.”
“Hemos solicitado ayuda a todos los organismos relevantes, incluyendo el Serviu y la Municipalidad, pero su respuesta ha sido completamente indiferente.”
“Es fundamental que la institucionalidad responda a los reclamos democráticos. La resolución que ordena el desalojo es un ataque a los derechos humanos, pues no solo implica desalojar a más de 80 familias, sino también destruir sus hogares.”
“Aunque la ejecución del desalojo se postergó por cuestiones procedimentales, este problema se repite en muchas localidades, y a nivel nacional hay más de 650.000 viviendas que faltan. No se puede solucionar una crisis habitacional con desalojo y represión.”
Después de la conferencia, los pobladores marcharon por las principales calles de Valparaíso, gritando consignas contra el desalojo y distribuyendo volantes para informar a la comunidad sobre su situación.
Más tarde, se anunció que la Corte de Apelaciones de Valparaíso fijó la nueva fecha para el desalojo con apoyo policial el día 22 de febrero a las 10 de la mañana.
El Porteño, 18 de febrero de 2025.
Comunicado del Comité de Apoyo a los pobladores de la Toma Lajarilla
Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no necesariamente reflejan las de El Ciudadano.
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