Aquí tienes el contenido reescrito:
- Arabia Saudí, Irak e Irán son responsables del 91% de las ejecuciones.
- Los gobiernos emplean la pena de muerte como herramienta contra manifestantes y grupos minoritarios.
- Se incrementan las ejecuciones vinculadas a delitos relacionados con drogas, desatendiendo derechos humanos.
En 2024, la cantidad de ejecuciones en el mundo alcanzó su nivel más alto desde 2015, con más de 1.500 casos en 15 países, según el informe anual de Amnistía Internacional sobre la aplicación global de la pena de muerte.
De acuerdo con el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2024, se documentaron 1.518 ejecuciones en 2024, la cifra más elevada desde 2015 (cuando fueron al menos 1.634), siendo la mayoría en Oriente Medio. Sin embargo, el número de países que realizaron ejecuciones fue el más bajo registrado en años.
Las cifras presentadas no contemplan los miles de ejecuciones que se estima han ocurrido en China, que continúa siendo el país con más ejecuciones en el mundo, ni las de Corea del Norte y Vietnam, donde también se hace un uso significativo de la pena capital. Las crisis en Palestina y Siria impidieron que Amnistía Internacional confirmara sus datos.
Arabia Saudí, Irak e Irán contribuyeron al incremento general de las ejecuciones registradas, totalizando 1.380 casos entre estos tres países. Irak casi cuadruplicó su total (pasando de al menos 16 a al menos 63), Arabia Saudí duplicó su cifra anual (de 172 a al menos 345), mientras que Irán ejecutó a 119 personas más que el año anterior (de al menos 853 a al menos 972), lo que equivale al 64% del total de ejecuciones conocidas.
«La pena de muerte es un acto despreciable que no tiene cabida en la sociedad actual. A pesar del secretismo que rodea a ciertos países responsables de miles de ejecuciones, es evidente que aquellos que mantienen esta práctica son una minoría aislada. En 2024, solo 15 países llevaron a cabo ejecuciones, la cifra más baja registrada hasta la fecha por segundo año consecutivo, lo cual señala una tendencia hacia la abolición de esta pena cruel, inhumana y degradante», declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Los cinco países con el mayor número de ejecuciones en 2024 fueron China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Yemen.
Gobiernos que emplean la pena de muerte como herramienta
En 2024, Amnistía Internacional documentó cómo algunos líderes usaron la pena capital como estrategia bajo el falso pretexto de mejorar la seguridad pública o generar temor en la población. En Estados Unidos, donde ha crecido continuamente el número de ejecuciones desde el final de la pandemia de COVID-19, se llevaron a cabo 25 ejecuciones (frente a 24 en 2023). El nuevo presidente electo, Trump, también invocó la pena de muerte como medio para proteger a la gente «de violadores, asesinos y monstruos». Su deshumanizadora retórica promovió el erróneo discurso de que la pena de muerte tiene un efecto disuasorio especial sobre la delincuencia.
En algunas naciones del Medio Oriente, se han utilizado condenas a muerte para silenciar a defensores y defensoras de los derechos humanos, disidentes, manifestantes, opositores políticos y minorías étnicas.
«Aquellos que se atreven a desafiar a las autoridades se arriesgan a enfrentar el castigo más severo, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se usa para silenciar a quienes tienen el valor de alzar la voz», declaró Agnès Callamard.
Incremento de las ejecuciones por delitos de drogas
Más del 40% de las ejecuciones en 2024 se realizaron por motivos ilegales vinculados a drogas. Conforme a la ley y las normas internacionales de derechos humanos, la imposición de la pena de muerte debe restringirse a los «delitos más graves», por lo que condenar a muerte a quienes cometen delitos de drogas no se ajusta a este criterio.
«Las ejecuciones por delitos de drogas fueron comunes en Arabia Saudí, China, Irán, Singapur y, aunque no se pudo confirmar, probablemente también en Vietnam. Se ha observado que las condenas a muerte por delitos de drogas a menudo afectan desproporcionadamente a personas de entornos desfavorecidos, sin demostrar un impacto real en la reducción del narcotráfico», indicó Agnès Callamard.
«Los líderes que favorecen la pena de muerte para delitos de drogas están promoviendo soluciones ineficaces e inapropiadas. Se debe exhortar a los países que consideran reinstaurar la pena capital para delitos relacionados con drogas, como Maldivas, Nigeria y Tonga, a que prioricen los derechos humanos en sus políticas sobre drogas».
El poder de la activismo
A pesar del aumento en el número de ejecuciones, solo se registró que 15 países las hayan realizado, marcando el número más bajo en años consecutivos. Actualmente, 113 naciones han abolido la pena de muerte en todos sus aspectos, y 145 lo han hecho en la práctica o en la ley.
En 2024 se implementó en Zimbabue una ley que abolió la pena de muerte por delitos comunes. Por primera vez, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU votaron a favor de la décima resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. Las reformas en Malasia también permitieron que más de 1.000 personas en riesgo de ejecución se beneficiaran.
Adicionalmente, el mundo fue testigo del impacto del activismo. Hakamada Iwao, que pasó cerca de cinco décadas en espera de ejecución en Japón, fue absuelto en septiembre de 2024. Esto continuó en 2025, cuando en marzo Rocky Myers, un hombre negro condenado a muerte en Alabama a pesar de ser víctima de notorias irregularidades en su proceso, fue indultado gracias a los esfuerzos de su familia, su equipo legal, un exjurado, defensores locales y la comunidad internacional.
«Cuando la gente prioriza el activismo dirigido a la abolición de la pena de muerte, realmente se obtienen resultados», afirmó Agnès Callamard. «A pesar de que algunos líderes se aferran a la pena de muerte como una herramienta de control, el cambio es posible. Solo es cuestión de tiempo para que el mundo se libere de la oscuridad de los patíbulos.»
Con Información de desenfoque.cl