El 18 de agosto a las 24:00 horas se cierra el plazo para inscribir las candidaturas presidenciales y parlamentarias. En estos días, tanto el oficialismo como la oposición están en negociación, como si estuvieran inmersos en una partida de teoría de juegos de John Nash… pero de manual. Cada partido toma decisiones basadas únicamente en lo que piensa que harán sus aliados y rivales, sin considerar lo que realmente beneficiaría al país. El resultado es un equilibrio que, aunque estable para ellos, resulta ineficiente y perjudicial para Chile y su gente.
El “equilibrio de Nash” describe una situación en la que cada participante escoge la mejor estrategia para sí mismo, considerando las acciones esperadas de los demás. Nadie tiene incentivos para cambiar, a pesar de que el resultado global sea mediocre o incluso dañino. Parece que nuestros políticos desconocen el famoso dilema del prisionero, donde la desconfianza y la falta de cooperación llevan a ambos jugadores a una condena mayor de la que recibirían si colaboraran. En la política chilena, ocurre algo similar: la decisión «racional» de proteger intereses individuales termina debilitando a todos.
Este cálculo es reduccionista pero lógico desde la perspectiva de los partidos: cada colectividad busca asegurar la reelección de sus parlamentarios, proteger cuotas internas y evitar que un socio crezca demasiado, incluso si eso implica ceder escaños a sus adversarios o simplemente intentar sobrevivir.
No siempre fue así. El sistema binominal —a pesar de sus defectos democráticos— obligaba a la formación de dos grandes coaliciones y disminuía la fragmentación, forzando acuerdos amplios para no ceder terreno al bloque contrario. En cambio, el sistema proporcional que lo reemplazó premia la supervivencia individual sobre la estrategia colectiva, multiplicando listas y debilitando la representación de cada sector.
Para romper este equilibrio de Nash, es necesario cambiar las reglas del juego. En el Congreso están en trámite reformas que, aunque actualmente están bloqueadas por intereses particulares, podrían modificar significativamente los incentivos actuales si se aprueban. Entre ellas se encuentra la propuesta de elevar el umbral electoral nacional al 5 % —con un 4 % transitorio para 2025—, lo que obligaría a los partidos pequeños a formar alianzas amplias si quieren tener representación. También se discute la pérdida del escaño para los parlamentarios que renuncien al partido por el cual fueron elegidos, con el fin de frenar el transfuguismo que ha fragmentado mayorías en múltiples ocasiones. Otra modificación relevante es la constitucionalización del rol del Servicio Electoral en la distribución de escaños, actualizándola cada diez años según la población, evitando así distorsiones y cálculos políticos en la definición de distritos. Además, se presenta un proyecto de modernización del sistema político que fortalecería a los partidos, elevando los requisitos para su constitución y actualizando sus normas de financiamiento y funcionamiento interno.
Si estas reformas prosperan, podrían restaurar en la política la capacidad de construir proyectos colectivos y ofrecer al país la posibilidad de salir de un estancamiento que ya lleva demasiado tiempo. Estas reformas no son solo ajustes técnicos; buscan corregir una dinámica que nos tiene atrapados en un juego de suma cero, donde el éxito radica en que gana quien menos pierde, condenándose a sí mismos y a Chile a una mediocridad que afecta a toda la ciudadanía.
Con Información de www.elperiodista.cl
