La crueldad se está legitimando entre ciertos líderes políticos y resuena en sectores de la población que la ven como un método para imponer orden ante su descontento. Lo que antes se consideraba inaceptable ahora se celebra y se difunde. La crueldad se ha convertido en una herramienta política.
Un claro ejemplo es el mensaje de un candidato presidencial dirigido a los migrantes irregulares: “Se irán por su voluntad o los vamos a sacar”, acompañado de un conteo regresivo hacia una posible presidencia. Esto no tiene la intención de abordar la crisis migratoria, sino de generar miedo. Ese miedo impacta a familias que han escapado de la violencia, a trabajadores que lo han perdido todo y a niños que no comprenden de fronteras ni trámites. Además, busca apoyo entre quienes desean encontrar un culpable para sus propios temores, frustraciones y carencias.
La crueldad funciona al convertir a un grupo vulnerable en el blanco de la ira social. Crea una narrativa que proporciona un alivio emocional inmediato: identificar culpables y castigarlos. En asuntos de seguridad, esta lógica se vuelve aún más peligrosa. Cuanto más dura es la propuesta, mayor apoyo recibe. Cuanto más humillante es la promesa, mayor sensación de control se genera. La justicia se reemplaza por la venganza y la política se convierte en la gestión de resentimientos.
Así, una parte de la sociedad comienza a sentirse moralmente autorizada para exigir sufrimiento ajeno como forma de reparación simbólica. Muchos celebran la amenaza de expulsión sin cuestionar su efectividad ni su legitimidad. La crueldad se transforma en una identidad compartida: un “nosotros” que se reafirma a través del castigo a los “otros”. Este es siempre el primer indicio del deterioro de la convivencia democrática.
Defiendo sin reservas el Estado de Derecho: fronteras reguladas, procedimientos claros y políticas migratorias coherentes. Sin embargo, es inaceptable utilizar la política como arma para infundir miedo. Hoy, los migrantes son el “chivo expiatorio”; mañana podrían ser las personas sin hogar, las barras bravas, las comunidades LGBTQ+, los ambientalistas o los pueblos originarios. Cuando un liderazgo sobrepasa esa línea, la dignidad humana deja de ser un principio y se convierte en algo prescindible. En esos momentos, la desobediencia civil pacífica y no violenta se convierte en un deber moral. No es un idealismo: la evidencia lo respalda. Un estudio sobre más de 300 movimientos sociales del siglo XX demostró que las movilizaciones pacíficas tuvieron el doble de éxito que las violentas. La dignidad no solo es justa, sino también efectiva.
Chile ya ha vivido esta tensión. Las manifestaciones pacíficas de 2019, legítimas y masivas, fueron eclipsadas por la violencia, lo que resultó en que los extremos polarizaron dos procesos constitucionales que la ciudadanía rechazó de manera contundente. Hoy, la crueldad amenaza con ocupar ese mismo espacio, esta vez desde el discurso institucional.
La crueldad motiva y moviliza. La dignidad no genera aplausos inmediatos, pero sienta las bases para la convivencia. Es inmoral utilizar la crueldad como herramienta política, y por ello el próximo gobierno enfrentará un desafío más grande que cualquier reforma: reconstruir la noción de comunidad. Ningún país tiene futuro si se edifica sobre el miedo hacia grupos vulnerables y la sed de venganza de las mayorías. La dignidad humana debe ser el cimiento común, no un privilegio de unos pocos.
Por Marcelo Trivelli
Con Información de chilelindo.org
