Por Marcelo Trivelli
La crueldad está siendo legitimada por algunos líderes políticos y encuentra eco en una parte de la ciudadanía que la percibe como una forma de orden emocional. Lo que antes se consideraba inaceptable ahora se festeja, se comparte y se viraliza. La crueldad se ha transformado en una herramienta política.
Un claro ejemplo de esto es el mensaje de un candidato presidencial dirigido a los migrantes sin documentos: “Se van voluntariamente o los vamos a echar”, acompañado de un conteo regresivo hacia una posible presidencia. Este mensaje no busca solucionar la crisis migratoria, sino generar miedo, un temor que pesa sobre personas concretas: familias que han escapado de la violencia, trabajadores que arriesgaron todo y niños que han llegado sin entender las fronteras ni los trámites. Al mismo tiempo, se intenta ganar apoyo de quienes buscan un chivo expiatorio para sus propios temores y frustraciones.
La crueldad opera al convertir a un grupo vulnerable en el blanco de la frustración social. Establece una narrativa que ofrece un alivio emocional inmediato: identificar culpables y castigarlos. En el ámbito de la seguridad, esta lógica es aún más peligrosa. A mayor punitividad en las propuestas, mayor es la adhesión. Cuanto más humillante sea la promesa, más sensación de control se logra. La justicia se transforma en venganza, y la política se limita a crear y gestionar resentimientos.
Así, un sector de la sociedad comienza a sentirse moralmente autorizado para demandar sufrimiento ajeno como forma de reparación simbólica. Muchos aplauden la amenaza de expulsión sin cuestionar su efectividad o legitimidad. La crueldad se convierte en una identidad compartida: un “nosotros” que se fortalece al castigar a los “otros”. Este es siempre un signo de deterioro en la convivencia democrática.
Defiendo con firmeza el Estado de Derecho: fronteras reguladas, procedimientos claros y políticas migratorias coherentes. Sin embargo, otra cosa es emplear la política como arma para infundir miedo. Hoy los migrantes son el “chivo expiatorio”; mañana podría ser cualquier grupo vulnerable, como las personas sin hogar, las barras, las comunidades LGBTQ+, los ambientalistas o los pueblos indígenas. Cuando un liderazgo cruza esa línea, la dignidad humana pierde su valor y se convierte en algo prescindible. En esos momentos, la desobediencia civil pacífica y no violenta se convierte en un deber moral. No es idealismo: los datos lo respaldan. Un estudio sobre más de 300 movimientos sociales del siglo XX reveló que las movilizaciones pacíficas tuvieron el doble de éxito que las violentas. La dignidad no solo es justa; también es eficaz.
Chile ha vivido esta tensión anteriormente. Las manifestaciones pacíficas de 2019, legítimas y masivas, quedaron opacadas por la violencia, lo que resultó en el rechazo del pueblo a dos procesos constitucionales. Hoy, la crueldad vuelve a amenazar ese mismo terreno, esta vez desde las instituciones.
La crueldad puede motivar y movilizar. Por otro lado, la dignidad no siempre genera aplausos inmediatos, pero establece las bases para la convivencia. Es inmoral utilizar la crueldad como herramienta política, y por eso el próximo gobierno se enfrentará a un desafío mayor que cualquier reforma: reconstruir la noción de comunidad. Ningún país puede prosperar si se sostiene sobre el miedo hacia grupos vulnerables y la sed de venganza de las mayorías. La dignidad humana debe ser el fundamento común, no el privilegio de unos pocos.
Con Información de www.elperiodista.cl
